La Reserva San Rafael, uno de los últimos remanentes importantes de Bosque Atlántico en la Región Oriental, atraviesa una situación crítica. La directora ejecutiva de la Asociación Pro Cordillera San Rafael, Dra. Alicia Eisenkölb, alertó que el área se encuentra severamente amenazada por la deforestación, invasiones y actividades ilícitas, mientras el Estado permanece sin respuesta.
La reserva fue delimitada en 1992 con una extensión de 78 mil hectáreas, pero hoy se estima que quedan alrededor de 72.500, distribuidas en dos bloques fragmentados. Esta reducción, advirtió la directora, se profundiza por el ingreso de grupos de ocupantes que establecen asentamientos dentro del área silvestre protegida. “Los dueños legítimos no pueden intervenir un árbol, pero los invasores sí cuentan con servicios”, cuestionó.
Además de la pérdida de bosques, la organización reporta presiones constantes sobre la fauna silvestre y especies en riesgo, debilitando el equilibrio ecológico. Los incendios son otro de los mayores focos de daño: estudios indican que el 98% de los siniestros se origina por acción humana, ya sea por quema para limpieza de terreno, producción de miel o fuego mal controlado.
La reserva también alberga comunidades indígenas Ava Guaraní, que poseen parte del territorio titulado y otras áreas en proceso de reconocimiento. Pero la falta de control estatal facilita la expansión de ocupaciones ilegales y pone en riesgo tanto el monte como a las comunidades que dependen de él para sobrevivir.
Eisenkölb recordó que la Asociación lleva más de 25 años reclamando que San Rafael sea finalmente declarado Parque Nacional para garantizar su protección definitiva. Asegura que instituciones como el MADES, Infona, fiscalía y autoridades locales están al tanto de la degradación, pero no actúan con la urgencia necesaria. “Estamos golpeando puertas para que alguien defienda este bosque que se nos va delante de los ojos”, concluyó.
