El Abog. Guillermo Ferreiro, representante legal del intendente de CDE, Miguel Prieto, señaló que su defendido está siendo víctima de una persecución brutal y arbitraria, ya que representa una figura fuerte en la oposición de cara a las próximas elecciones generales.
La Contraloría General de la República (CGR) presentó un pedido de intervención del municipio debido a presuntas irregularidades. Para Ferreiro, el propio organismo admite que no existe ningún faltante de dinero y que todo se reduciría a fallas en los asientos contables. “Toda la plata es rastreable y está en cuentas”, aseguró.
Recordó que la Municipalidad de CDE tiene una Acción de Inconstitucionalidad de la época de Sandra McLeod que podría usar contra la CGR para no ser auditada, pero que el propio intendente decidió renunciar a ella y abrir las puertas al ente contralor.
“No es control, es un procedimiento de castigo. El objetivo es matarlo políticamente. Usan el mismo procedimiento que utilizaron con un presidente de la República (Fernando Lugo), seis ministros de la Corte, y la senadora Kattya González. A cualquier figura de la oposición que destaque lo van a sacar”, afirmó el abogado.
Ferreiro lamentó que a la Cámara Baja no le va a interesar el informe de un eventual interventor, ya que la mayoría oficialista ya tendría la decisión tomada. Expresó que recurrirán judicialmente y hasta llegarían a instancias internacionales.
“El funcionario público que hace ese tipo de cosas tiene responsabilidad con su patrimonio y sus bienes, porque yo no puedo usar mi cargo para perseguir a alguien”, señaló, al tiempo que recordaba que el Contralor, Dr. Camilo Benítez, estuvo involucrado en chats con el exministro de la SEN, Camilo Soares, quien habría orquestado la destitución de Mario Ferreiro como intendente de Asunción.
