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El invitado a #ElPase en la mañana de Radio Cáritas UC fue el ministro de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Dr. Víctor Ríos. Se refirió a las alternativas que están estudiando para combatir la mafia de los pagarés, pero señaló que no pueden anular la totalidad de los juicios ejecutivos como esperaban muchas de las víctimas.

Ríos indicó que desde la semana pasada habilitaron un apartado de denuncias en el sitio web de la CSJ en el que las víctimas pueden enviar su nombre completo y el juzgado en el que se encuentra su expediente para verificar las causas de nulidad caso por caso y que los jueces apliquen las resoluciones correspondientes. “Es importante no generar falsas expectativas, la CSJ no puede anular todos los juicios”, declaró.

Para el ministro, la cuestión de la mafia de los pagarés tiene una serie de elementos sistémicos, además de la dimensión que hace a la corrupción, que ya se está investigando en Fiscalía. Por ejemplo, la legislación que regula la libre circulación de los pagarés en el ámbito financiero comercial.

“Antiguamente uno iba con un pagaré y se presentaba al juzgado y se le colocaba un sello al dorso para que se sepa que está judicializado. Eso se dejó de hacer de facto. Ahora uno se va, se queda la copia en el juzgado y la persona puede presentar el mismo pagaré en varios juzgados de paz de cualquier distrito del país”, explicó el ministro. Señaló que mañana estudiarán una acordada para retomar el uso del sello.

También existe una propuesta de ley del ministro Eugenio Jiménez Rolón para que el pagaré original quede en el juzgado, pero Ríos aseveró que el problema es el espacio físico, ya que hay juzgados de paz que tienen 55 mil juicios ejecutivos. Para los expedientes electrónicos se están viendo otras medidas, pero hay problemas presupuestarios.

Ríos añadió que el Poder Legislativo deberá estudiar si mantiene o no la competencia de los Juzgados de Paz para juicios hasta un límite de G. 30 millones o si se la devolverá exclusivamente a los Juzgados de Primera Instancia en lo Civil. En ambos casos se registran sobrecargas, sobre todo en Capital. También se podría considerar elevar la cantidad de turnos o de ujieres en los juzgados.