El criminólogo Juan Martens definió al sistema penitenciario paraguayo como una “cárcel-mercado”, donde todo se compra y se vende, desde alimentos básicos hasta el derecho a tener un celular o una heladera. Explicó que, ante la ausencia de condiciones dignas, los internos deben pagar por su propio bienestar dentro de las cárceles.
Este sistema genera una recaudación ilegal que inicia con cobros por celdas y servicios, y se sostiene gracias a la complicidad de internos, guardias, directores y autoridades superiores.
Martens reiteró que los negocios ilegales dentro de las penitenciarías mueven sumas millonarias, con pagos mensuales por lugares en los pabellones, alquiler de celulares y habilitación de cantinas. Citó el caso reciente de un exdirector de Institutos Penales condenado por permitir el ingreso de cocaína a cambio de 80 millones de guaraníes semanales.
El especialista enfatizó que esta red de corrupción se alimenta del abuso de la prisión preventiva, ya que mantener a las personas privadas de libertad durante largos periodos sin sentencia resulta rentable para el sistema.
Asimismo, denunció que ciertas cárceles, como la de Minga Guazú, incurren en prácticas que constituyen tortura, al aislar a los reclusos hasta 23 horas diarias sin acceso a agua ni alimentos suficientes. Según Martens, estas condiciones degradantes destruyen la identidad de los internos y atentan contra los estándares internacionales de derechos humanos.
