Bernarda Pessoa, referente de una comunidad indígena del Chaco, denunció la muerte de un joven recluido en el penal de Emboscada, quien falleció tras no recibir atención médica oportuna por una enfermedad prevenible (ictericia). El hecho ocurrió en la noche del lunes, luego de que el interno fuera trasladado de urgencia al Hospital de Trauma, donde finalmente perdió la vida.
Según relató Pessoa, el joven, de 26 años, llevaba detenido desde el año 2019 sin una condena firme, al igual que su hermano, de 28 años, quien continúa recluido. Ambos pertenecen a la comunidad Rosarito y estaban imputados por un supuesto homicidio doloso que, asegura, se sustentó solo en rumores y sin pruebas concluyentes ni testigos clave.
La denunciante apuntó directamente al fiscal Irán Suárez, a quien responsabiliza de haber impulsado la reclusión de los jóvenes en una penitenciaría común, pese a tratarse de miembros de pueblos indígenas que, según la ley, podrían haber accedido a medidas alternativas. También cuestionó el accionar judicial por no garantizar intérpretes indígenas ni el uso del idioma guaraní durante el proceso.
Pessoa denunció además una cadena de abandono institucional, con constantes cambios de defensores públicos sin notificación a la familia, y la falta de acompañamiento de organismos estatales destinados a la protección de los derechos indígenas. “No tenemos recursos, somos artesanos, y aun así nadie nos informa ni nos defiende”, expresó.
