Gerardo Giménez, presidente de la Federación de Trabajadores de Transporte – FETRAT, manifestó su preocupación ante el inminente tratamiento de la reforma al transporte público, señalando que la propuesta legislativa no contempla adecuadamente los derechos de los choferes. “Estamos prácticamente convencidos de que la ley se aprobará tal como está; ahora la decisión final la tiene el Ejecutivo”, señaló.
Afirmó que varios artículos, especialmente el 20, declaran imprescindible el servicio; esto atenta contra el derecho a la huelga y contradice normas constitucionales y convenios internacionales. El gremio sostiene que la aprobación del proyecto dejaría a los choferes sin mecanismos legítimos de reclamo, además de generar incertidumbre sobre la representación laboral, como ocurre con el artículo 45.
Según Giménez, la negociación con el Gobierno no logró avances reales, pese al impacto que la medida podría tener en miles de trabajadores del sector. Ante este escenario, solo la intervención directa del presidente Santiago Peña, mediante el veto de los artículos cuestionados, podría desactivar la huelga anunciada.
