Leandro Villalba, director de auditoría forense de la Contraloría General de la República (CGR), manifestó que las irregularidades detectadas en el manejo de recursos municipales de Asunción y Ciudad del Este son igual de graves y que no hicieron una evaluación sobre cuál está peor.

“Si vamos a tomar el criterio de la cuantía de los recursos involucrados, claramente el caso de Asunción es más grave, por el tema de los G. 500 mil millones, sobre los cuales no hay constancia documental de que se hayan utilizado correctamente. Si tomamos el criterio del cúmulo de irregulares y las varias áreas donde se detectan, el del CDE sería más grave”, explicó el funcionario.

En el caso de Asunción, se captaron bonos para obras públicas que no se realizaron en tiempo y forma, mientras que el dinero se utilizó para el pago de gastos rígidos. Por ejemplo, no se llevaron a cabo los desagües pluviales de Ayala Velázquez, España II, San Antonio y Gral. Santos, Santo Domingo, Terminal, Aviadores, Bartolomé de las Casas, Universidad Católica, San Pablo y Abasto, por un monto de G. 510 mil millones

Mientras tanto, en CDE se habla de una amplia gama de irregularidades, entre las que se cuentan diferencias entre lo certificado y lo pagado en obras públicas, irregularidades en las transferencias, manejo de recursos humanos y rendición de cuentas. Para la “Navidad Sustentable”, se gastaron G. 2 mil millones, que fueron transferidos a la cuenta particular de una secretaria de una subcomisión distrital. Se adquirieron sopletes, compresores, soldadores y no se sabe si esos activos fueron a parar a la Municipalidad.

Casi G. 28 mil millones se destinaron a transferencias aparentemente para la construcción de obras, pero eludiendo los procesos de contratación, lo que da opacidad a las operaciones de Municipalidad y son un caldo de cultivo para hechos de corrupción, según Villalba.

El ministerio del Interior tiene seis días para remitir el pedido de intervención a la Cámara de Diputados, donde se formará una comisión especial para estudiar el caso. La comisión tendrá 15 días para presentar su dictamen al pleno, que deberá votar a favor o en contra de la intervención. De aprobarse, el ejecutivo designará un interventor, que tendrá 90 días para elevar un informe y nuevamente los diputados votarán si apartan o no a los intendentes.