Según Orlando Castillo, comisionado del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, se ha visto una clara reducción de adolescentes privados de libertad en nuestro país, habiéndose pasado de 400 a 153, en los últimos años.
De ese total, solo entre 1 % y 3 % está encerrado por delitos graves o crímenes, como homicidio. Esto quiere decir, que solo 5 o 7 de los que actualmente están cumpliendo sanciones en centros educativos son homicidas. Añadió que muchos de ellos actuaron en defensa de su madre o su hermana.
“Legislar por un caso que se da de forma aislada es obviar la política criminal que requiere una atención especial. El derecho penal tradicional es el derecho a castigar y mide la pena con relación al hecho, pero el derecho penal adolescente es 100 % educativo. Lo que se busca es que ese ser humano, que todavía se encuentra en formación, pueda ser acompañado y protegido en ese proceso”, explicó Castillo.
Lamentó que no se miren los problemas de fondo que esconde la criminalidad adolescente, como la violencia y la falta de inversión en políticas públicas. La mayoría de los adolescentes en conflicto con la ley dejó la escuela entre el 2° y el 5° grado.
