Griselda Yúdice, vocera de la organización de pasajeros de Asunción y el Área Metropolitana, OPAMA, cuestionó los alcances reales de la reforma del transporte impulsada por el Gobierno. Aseguró que mejorar las frecuencias, reducir tiempos de espera y optimizar recorridos, pudieron implementarse sin necesidad de una reforma.
Señala que genera inquietud la propuesta de dividir el sistema en tres componentes (flota, operación y estaciones), lo que a su juicio fragmenta aún más la gestión y podría aumentar la presión de intereses empresariales.
Otro punto crítico es la falta de transparencia en el cálculo del pasaje. Actualmente, el usuario paga G. 3.400, mientras que el Estado subsidia cerca del 40% del costo total. Sin embargo, no se publica oficialmente cuánto se paga a las empresas por kilómetro recorrido, lo que impide evaluar si se corresponde con la calidad del servicio. Ante esta opacidad, el Gobierno contrató una agencia brasileña para calcular la nueva tarifa técnica
Finalmente, Yúdice remarcó que el verdadero cambio debe venir de un Estado firme que haga cumplir los estándares de servicio y priorice la movilidad como derecho. Reforzar el transporte público reduciría el uso de motos, los accidentes viales, el caos vehicular y hasta el impacto ambiental. “Invertir en transporte es invertir en calidad de vida, desarrollo económico y equidad social”, concluyó.
