La senadora Esperanza Martínez propone que, a la hora de definir el reajuste del salario mínimo de cada año, se pongan en paralelo la inflación en el Índice de Precios al Consumidor y la inflación de la canasta de alimentos y se utilice el mayor para el cálculo.
“El costo de alimentos siempre tiene un impacto mucho mayor. En 2023, en general fue 7%, pero alimentos fue 47%, en un rubro muy sensible a las contingencias y las familias más pobres son las que más sufren. Un 47% de sus ingresos destina el quintil más pobre a alimentos, cuando el quintil más rico invierte solo 3,1%”, explicó.
También proponen que los cálculos que realiza la Comisión Nacional de Salarios Mínimos sean públicos y auditables por la ciudadanía. Además, la parlamentaria impulsa una campaña para que las empresas cumplan la ley y paguen el salario mínimo y el aporte a IPS de sus trabajadores.
