Eduardo Pérez Avid, presidente de la Asociación de Abogados Laboralistas, citó una serie de artículos constitucionales y normativas internacionales que, según su criterio, son transgredidos por la nueva ley de micro, pequeñas y medianas empresas.

Si bien reconoció que la informalidad es un problema grave, que afecta al 60% de las empresas, según la Organización Internacional del Trabajo (OIT), dijo que la solución pasa por una mejor formalización y no por flexibilizar a espaldas de los trabajadores los derechos laborales ya conquistados.

Indicó que la ley crea trabajadores de primera y segunda categoría y establece la discriminación de manera oficial.

También se preguntó si se evaluó el impacto financiero que asumirá la previsional cuando aumente, según los cálculos, la cantidad de cotizantes en cerca de 500 mil personas, a las que hay que sumar sus familiares beneficiarios, cerca de 1.500.000 que deberán ser absorbidos por el sistema IPS.