La fiscala Sonia Sanguínez destacó el carácter histórico del juicio oral que se sigue contra tres expolicías acusados de presuntas torturas cometidas durante la dictadura de Alfredo Stroessner. La causa se remonta a 1976 y tiene como víctima a Domingo Rolón, quien fue detenido en el marco del Plan Cóndor, trasladado clandestinamente desde Argentina y sometido a graves violaciones de derechos humanos en dependencias estatales.

El proceso, iniciado en 2017, llega a una etapa clave tras décadas de espera por verdad y justicia. Sanguínez subrayó que se trata de crímenes de lesa humanidad, imprescriptibles y juzgables bajo estándares del derecho internacional, aun pese al paso del tiempo y la avanzada edad de los acusados.

La Fiscalía solicitó penas de hasta 30 años de prisión, remarcando que, más allá de la sanción individual, el objetivo es dejar un mensaje claro a la sociedad: las prácticas de tortura son inadmisibles y no deben quedar impunes. El tribunal deberá ahora definir la sentencia y las condiciones de su eventual cumplimiento.