La Caja Fiscal atraviesa una situación crítica que hoy pone en tensión al Poder Ejecutivo, los gremios y al Congreso Nacional. El problema de fondo radica en que los aportes de los funcionarios activos, principalmente policías, militares, docentes y magistrados, ya no alcanzan para cubrir las jubilaciones de quienes se encuentran en retiro.
Este desbalance se arrastra desde hace años y genera un déficit creciente que, según las proyecciones oficiales, superó los 350 millones de dólares al cierre de 2025, un rojo que termina siendo cubierto por el Estado a través del Presupuesto General de la Nación y, en consecuencia, por todos los contribuyentes.
El Lic. Renato Ibarrola analizaba que el Ministerio de Economía y Finanzas impulsa una reforma que busca introducir una edad mínima de jubilación y un esquema gradual de beneficios, similar al de otras cajas del sector público y alineado con estándares regionales. La propuesta establece un piso de 57 años para una jubilación anticipada con un porcentaje reducido del salario, y una edad máxima de 62 años para acceder al 100% de los haberes.
Aunque la iniciativa no sería retroactiva, el debate está abierto: mientras el Gobierno advierte sobre la urgencia de frenar un déficit que podría volverse exponencial, sectores como la Policía argumentan que su labor, marcada por el riesgo y el desgaste físico, requiere un tratamiento diferenciado. La discusión recién comienza, pero sus efectos alcanzan a toda la sociedad.
