Por Monseñor Pierre Jubinville
Obispo de San Pedro Apóstol y Presidente de la Conferencia Episcopal Paraguaya
Es el concepto que estamos manejando desde unos días, después de “acuerdos” con los Estados Unidos de América. Significa que un país es considerado suficientemente estable y se estima que desde ahí eventuales candidatos al asilo, proveniente de otros países, podrían llegar y realizar los trámites para solicitar el asilo a otro eventual país de destino. El asilo es un derecho internacional reconocido a las personas que huyen de situaciones de violencia y persecuciones en su propio país. Se considera que si ya llegaron a un país seguro, aunque quieran entrar en otro, ya deben quedarse, tramitar la posible prolongación de su éxodo desde allí y esperar los resultados desde el país que habían considerado como destino.
Hay un tratado así definido entre Canadá y EE.UU.. Si la persona ya llegó a Canadá, no puede continuar su migración hacia los EE.UU aunque haya sido su objetivo inicial. La situación que se plantea ahora para el Paraguay es diferente: EE.UU quiere tener la posibilidad no tanto de hacer esperar a solicitantes de asilo en otro país, sino reenviar o no permitir que entren, aunque habrían ya entrado o estén en la frontera, “extraditar” hacia ese “tercer país seguro”. En el caso de Paraguay, que no está particularmente cerca de las fronteras norte-americanas, se podría enviar gente que viene de México, de América Central, pero también de África, de Asia, para que no pisen el territorio y hagan (eternicen) sus solicitudes de asilo desde otro país, en este caso el Paraguay. No es para pensar mal, pero, para un país como EE.UU, es más fácil rechazar un pedido que viene de lejos que echar a alguien que ya está en casa.
Habría que hacer muchas distinciones jurídicas, pero lo que toca o tocaría ahora al Paraguay, llega en un momento en que países ricos buscan limitar el derecho al asilo, un trámite ya complicado que en muchos casos se está alargando tremendamente. El Reino Unido ha votado este cierre y hecho tratos con Rwanda; Australia usa así la isla de Nauru y otra isla de Papua Nueva Guinea, ya con muchas denuncias de abusos y negligencias.
El intercambio en Paraguay sobre el tema es superficial. Se comenta sobre las ventajas y desventajas para el país: “¿Quién va a pagar?” “No tenemos infraestructura.” Etc. No se habla de los fundamentos de esta práctica que ha sido muy criticada en ámbitos jurídicos internacionales. El uso del concepto de “tercer país seguro” contradice el principio acordado en las Naciones Unidas sobre el “no-rechazo” de los que solicitan asilo. Se usa un término francés: “non-refoulement” que significa no devolver, no “regurgitar”, no producir “reflujo”, no bloquear la frontera y sobre todo no reenviar al propio país a gente que está amenazada en su integridad y seguridad. El “tercer país seguro” debilita este principio creando un nuevo intermediario que, al principio, no tenía porque meterse en la relación. A cambio de ventajas y créditos, de “acuerdos” con algunos países, se transforma en “agente de migración” que prolonga y complica el trámite.
Además de esto, es evidente el mal uso que se está cometiendo. Países ricos sienten sus privilegios como derechos, amenazados por el flujo de migrantes y niegan el derecho a otros de buscar refugio. Confunden las categorías de migrantes y piden a “países terceros” de actuar como filtros para proteger sus privilegios.
Estamos ahora en un tiempo donde la fuerza bruta, el poder y la riqueza constituyen visible y descaradamente las unidades de trueque en las relaciones políticas locales e internacionales. La forma en que se encara ahora el concepto de “tercer país seguro” es una señal más de esta tendencia perversa. No tenemos que entrar en esta lógica egoísta e injusta.
