Rubén Maciel, viceministro de Política Criminal, señaló que en los últimos tiempos se logró aumentar la cantidad de profesionales de la salud mental dentro del sistema penitenciario, pero la cifra sigue siendo insuficiente: 66 psicólogos y 8 psiquiatras.
“Todos los que ingresan tienen que tener una evaluación inicial y, de acuerdo a eso, se decide el tipo de asistencia que necesitan. Es imposible por la cantidad de personas que tenemos, por eso se centra en los condenados, que son 6 mil personas. Igual la cifra es muy elevada”, indicó.
Los condenados tienen una etapa denominada “de tratamiento”, en la cual pueden elegir voluntariamente someterse a un seguimiento con un profesional de la salud mental, si corresponde. En caso de negarse, ello podría evitar que acceda a otros beneficios penitenciarios.
Posterior a dicha etapa, se pasa a un periodo de prueba, en el que un juez puede optar por remitirlo al régimen de semilibertad u otorgarle salidas transitorias. Finalmente, el último paso es la libertad condicional.
Los que están en régimen de prisión preventiva no tienen acceso a estos beneficios, explicó.
