La abogada Diana Vargas, especialista en Derechos Humanos, manifestó que es “impertinente” que una autoridad pública cuestione a otra por cumplir con la labor que la ley le señala. Lo dijo en referencia a las críticas del ministro de Justicia, Rodrigo Nicora, a las juezas de ejecución que revelaron los privilegios con que gozaban peligrosos internos de la Penitenciaría de Emboscada.
“Estamos viendo de manera inédita que máximas autoridades del Ministerio de Justicia objetan la labor de juezas de ejecución como que están obstaculizando tareas en curso. Están desconociendo no solo la facultad sino la obligación que tienen de verificar las condiciones de reclusión de manera periódica”, indicó.
Para Vargas, lo peor del caso no son las comodidades y lujos con que contaban los internos, sino la libertad con la que grupos criminales poderosos tenían acceso a señales de internet y otros privilegios para seguir operando en el mercado delictivo con el apoyo del Estado.
También rechazó que se quiera endilgar toda la corrupción del sistema penitenciario a los guardicárceles, cuando señaló que existen señores feudales que, en las penitenciarías del interior, designan directores y jefes de seguridad.
