El juez penal de garantías de Delitos Económicos, Humberto Otazú, se mantuvo en su postura de que su relación de parentesco con la familia Zacarías no le restará imparcialidad para actuar en la causa en la que el destituido intendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto, está acusado por lesión de confianza en el caso conocido como “Tía Chela”.
“Mi relación es con la señora de Justo. Con Justo me reuní en algunos encuentros familiares; por cierto, es muy buena gente. Dicen que es el enemigo político del acusado, pero aquí no tiene nada que ver lo político con lo jurídico, los Zacarías no son parte, todo lo que hago queda registrado. Yo voy a aplicar la ley porque ese es mi trabajo”, manifestó.
Además, indicó que, al ser juez de garantías, no le toca resolver si el acusado es culpable o inocente, sino escuchar los requerimientos del Ministerio Público y la defensa y hacer lugar a lo que se ajuste a la ley.
La Corte Suprema de Justicia resolvió ayer que ya no era recurrible por las defensas de Prieto el rechazo de la recusación del juez Otazú. Ahora, el expediente debe volver al juzgado penal del citado juez para que pueda convocar a una audiencia preliminar y seguir adelante con el proceso.
