El Abg. Víctor Samaniego puso en duda la versión atribuida a la ERSSAN, según la cual un condominio privado en San Bernardino lograría llenar su laguna artificial únicamente con agua de lluvia y que el agua subterránea del acuífero Caacupé sería para consumo. Señaló que, pese a haber transcurrido más de un año y encontrarse el país en un periodo de intensas precipitaciones, el reservorio no alcanzó ni el 20 % de su capacidad, estimada en más de un millón de litros.
Los defensores del agua de las ciudades de Atyrá, Tobatí y Caacupé señalaron que esta afirmación carece de sustento técnico y busca “blanquear” un proyecto que, desde el inicio, presenta serias irregularidades. El vocero advirtió que cualquier intento de utilizar agua de forma encubierta representa un riesgo grave para la seguridad hídrica de las comunidades.
En ese sentido, anunció que este lunes se firmará un acuerdo de resistencia con autoridades departamentales, municipales y organizaciones sociales, en defensa de la naturaleza y del acceso al agua potable. “No vamos a caer en trampas ni permitir maniobras que comprometan nuestros recursos”, afirmó, remarcando que la lucha continuará dentro del marco legal y con el acompañamiento de la ciudadanía.
