El Viceministro de Protección Integral del Ministerio de la Niñez y la Adolescencia, Eduardo Escobar Said, cuestionó duramente las debilidades del sistema judicial en la protección de niños, niñas y adolescentes. En referencia al caso del asesinato de Melania, en Caazapá, señaló que existe una falta de formación especializada en jueces y fiscales penales, quienes suelen enfocarse en los derechos del procesado, dejando de lado las garantías constitucionales de la infancia.
Lamentó que, a pesar de leyes vigentes y tratados internacionales ratificados, en la práctica se sigan tomando decisiones judiciales con ligereza, permitiendo beneficios como la libertad condicional a condenados por delitos sexuales sin evaluar adecuadamente el riesgo para la víctima.
Escobar también alertó sobre la escasa sensibilidad institucional hacia la niñez, evidenciada en la tardía convocatoria para las cámaras Gesell y en sentencias mínimas en casos de abuso. “Tenemos muchas denuncias, pero muy pocas condenas”, remarcó.
Exigió a los operadores de justicia asumir con mayor responsabilidad el enfoque de protección integral a la infancia. “Desde el Ejecutivo se está dialogando con la Corte Suprema de Justicia para reencauzar prácticas judiciales y establecer mecanismos más rigurosos de seguimiento a los casos”, señaló.
Entre las medidas propuestas, el viceministro anunció que el Ejecutivo ya cuenta con mil tobilleras electrónicas listas para ser utilizadas y llamó públicamente a los jueces a aplicarlas.
Además, adelantó que se estudia la implementación de una “prisión permanente revisable”, figura que buscaría equilibrar la reinserción social con la protección de la sociedad frente a criminales peligrosos. “No podemos liberar a personas no rehabilitadas que puedan volver a matar o abusar”, advirtió.
