El juez Humberto Otazú explicó sobre el porqué de la suspensión de la millonaria licitación del IPS para planchado y lavado por 67 millones de dólares.
«Hemos encontrado inconsistencias, se menciona que las lavarropas que son propiedad del IPS ya están en deterioro y al mismo tiempo no se acompaña un informe técnico que respalde que hayan llegado a su vida útil, primera cuestión, son o no obsoletas. Tampoco se respalda el porqué del contrato por 10 años: «La pregunta es ¿por qué? , ¿para qué?. En resumidas cuentas es que ante este tipo de llamados, para la prestación de servicios, debe primar la prudencia y (que las autoridades) se pongan a disposición cuando exista la más mínima duda», apuntó el magistrado en Radio Cáritas.
El juez Otazú agregó además que «es importante que la gente sepa de dónde va a salir el dinero» y que «hay una deficiencia en el sistema de salud a nivel nacional, se trata de la vida, ese es el trasfondo de todo esto», añadió.
