En Birmania, los hospitales están desiertos, las administraciones operan lentamente y los trenes permanecen estacionados en los andenes.

A pesar de que pueden poner en riesgo sus vidas o sus salarios, muchos funcionarios públicos se niegan a trabajar para la junta y se han sumado al creciente movimiento de desobediencia civil que pretende debilitar a los generales y paralizar la burocracia.
“Los militares necesitan demostrar que saben cómo gobernar un país. Pero si nosotros los funcionarios no trabajamos, fracasará su proyecto de tomar el poder”, dijo a la AFP Thida, una profesora universitaria que prefiere mantenerse en el anonimato y que se negó a dar sus clases en línea, en las tres semanas posteriores al golpe.
Además, se sumó a la huelga nacional lanzada por trabajadores de la salud, muchos de los cuales se deben esconder para evitar ser arrestados.
Las oficinas y empresas del sector privado también se han visto afectadas por los paros laborales, al tiempo que numerosas sucursales bancarias no han podido abrir.
El aumento de las filas de funcionarios dentro de la protesta fue lo que sacudió a la junta, puesto que sin ellos no puede cobrar impuestos, enviar facturas de electricidad ni organizar pruebas covid; es decir, todo lo que implica el funcionamiento del país.
Se avecina la posibilidad de una crisis financiera, debido a la pandemia y la disminución en la inversión extranjera.
Es difícil establecer cuántos funcionarios, del millón con el que cuenta Birmania, están en huelga.
Un tercio de los hospitales no funcionan
Funcionarios públicos, entre los que se encuentra el personal ferroviario, los maestros, los médicos y los administradores del gobierno de Myanmar se encuentran en huelga para protestar contra el gobierno militar© AFP/Archivos YE AUNG THU
Según una investigación, 24 ministerios están afectados y el relator designado por Naciones Unidas para Birmania calcula que tres cuartas partes de los funcionarios públicos han dejado de trabajar.
Su ausencia comienza a impactar al régimen.
Cerca de un tercio de los hospitales del país no está funcionando, declaró esta semana Min Aung Hlaing, autor del golpe de estado y jefe de la junta.
También criticó la falta de profesionalismo de los trabajadores de la salud y de los maestros e insinuó que quienes no se han unido a la huelga tendrán una bonificación, según declaraciones publicadas el martes en los medios estatales.
Según un médico consultado por la AFP, la falta de personal ha obligado a su hospital a rechazar nuevos pacientes.

Y se ha capacitado a equipos médicos especializados para atender a los manifestantes que han sido alcanzados por balas, tanto de goma como reales.
Según los medios locales, en todo el país, trabajadores de las oficinas, ejecutivos y camioneros han sido despedidos por participar en el movimiento.
No está claro cuántos de los trabajadores del sector público de Myanmar están en huelga, pero su ausencia está empezando a afectar al país© AFP/Archivos Sai Aung Main
“El ejército no previó que gran parte de la función pública se retiraría y los dejaría sin aparato estatal”, declaró a la AFP un analista que pidió permanecer en el anonimato por temor a las posibles represalias.
Momento crucial para la junta
El viernes será un momento crucial para el consejo de la administración del Estado (nombre oficial de la junta) pues es el día de pago, el primero desde el golpe de estado, para muchos birmanos, principalmente para todos los funcionarios.
El Banco económico de Birmania (MEB), que se encarga del pago de los salarios y las pensiones de la función pública, se ha visto obstaculizado por las huelgas, pero los medios estatales confirmaron que los sueldos serán pagados, contrariamente a los “rumores sin fundamento” que han circulado.
En Myanmar los trabajadores que participan en las huelgas han recibido amenazas en caso de que se rehúsen a regresar a sus trabajos© AFP/Archivos STR
Una muestra del tenso ambiente que se vive en Birmania se refleja en el aumento de las amenazas de procedimientos judiciales que han recibido los huelguistas, en el caso de que se rehúsen a regresar al trabajo. Al igual que las numerosas detenciones nocturnas entre los participantes del movimiento de desobediencia civil.
Una línea telefónica permite denunciar a los huelguistas.