Una comisión senatorial expone desde hace tres semanas los entretelones de la caótica gestión de la pandemia por parte del gobierno de Jair Bolsonaro y busca establecer responsabilidades en una tragedia que ya dejó casi 445.000 muertos en Brasil. La Comisión Parlamentaria de Investigación (CPI) ocupa los titulares de los medios y monopoliza durante horas la programación de los canales de noticias, con episodios que alternan la cruda exposición de los hechos con insultos y amenazas de encarcelamiento.
Ministros y exministros, responsables sanitarios y fabricantes de vacunas son sometidos a duros interrogatorios. Al final de una sesión, un exministro sufrió un malestar.
El senador Randolfe Rodrigues, vicepresidente de la Comisión formula una pregunta recurrente: si Bolsonaro no hubiese negado la gravedad del covid-19 ni desdeñado las medidas de distanciamiento social, “¿cuántas vidas hubieran podido salvarse?”.
Las testigos deben detallar, bajo juramento, hechos relacionados con el rechazo oficial de la vacuna de Pfizer, con la compra masiva de medicamentos sin eficacia contra el virus o con la demora en llevar tubos de oxígeno a Manaos (norte), donde decenas de pacientes murieron asfixiados.
La atención mediática de las audiencias “pone al gobierno contra las cuerdas, constantemente a la defensiva”, dijo a la AFP Geraldo Monteiro, cientista político de la Universidad del Estado de Rio de Janeiro (Uerj).
“Diariamente surgen hechos que de alguna manera implican la responsabilidad del gobierno y eso estrecha el cerco, especialmente en torno a Bolsonaro”, agregó.
“Nada explosivo por ahora”
“Esta sucesión de testimonios corrobora la locura de la gestión de la crisis y confirma el punto al que ha llegado la irresponsabilidad del gobierno”, escribió el diario Estado de S.Paulo en un editorial.
La comisión parlamentaria, instalada el 28 de abril por 90 días prorrogables, someterá un informe a la Fiscalía, que podrá entablar acciones legales.
El senador Renan Calheiros, un cacique de la política conocido por su determinación y su conocimiento de los tejemanejes del Congreso, inicia todos los interrogatorios como relator de la CPI, un cargo para el cual fue elegido para disgusto de Bolsonaro.
El 12 de junio, el senador Flávio Bolsonaro, hijo del presidente de ultraderecha, trató a Calheiros de “bandido”. Y el propio mandatario le envió un “recado” .
“Lo que está sucediendo en esa CPI es un crimen. Yo tengo un recado para ese individuo: si quiere montar un show y derrocarme, no lo podrá. Solamente Dios me saca de esta silla”, afirmó.
Las conclusiones de una CPI pueden llevar al presidente de la Cámara de Diputados a abrir un proceso de ‘impeachment’ contra el jefe de Estado. Eso ocurrió en 1992 y llevó a la caída del presidente Fernando Collor de Mello.
Ahora es “poco probable” que vuelva a ocurrir, estima Monteiro, recordando que Bolsonaro está apoyado por una coalición y que el presidente de la Cámara ignoró hasta el momento un centenar de pedidos de destitución.
A menos, agrega, que surja “una revelación explosiva”.
Pero en esta CPI “no ha habido grandes revelaciones, sino cosas que ya sabíamos, nada explosivo por ahora”, señala.
“Brújula del naufragio”
Sea cual sea su desenlace, la investigación amenaza la reelección de Bolsonaro en 2022. Su popularidad sufrió una importante erosión y los últimos sondeos indican que, si los comicios fueran hoy, sería derrotado por el expresidente de izquierda Luiz Inácio Lula da Silva.
“Usted le debe disculpas al país (…) Usted ha sido una brújula que nos llevó al naufragio”, espetó la senadora Katia Abreu al excanciller Ernesto Araújo, acusado de haber provocado el retraso en la importación de insumos para las vacunas debido a sus querellas ideológicas con China.
La comisión parlamentaria no tiene poderes de destituir a un presidente, pero puede ordenar el encarcelamiento de un testigo por falso testimonio.
Eso es lo que estuvo a punto de ocurrir el 12 de mayo, cuando Calheiros quiso pedir el encarcelamiento de Fabio Wajngarten, exjefe de Comunicación de Bolsonaro, antes de ser disuadido por el presidente de la Comisión, Omar Aziz.
Pero ese clima de hostilidades abiertas no impidió que el senador opositor Otto Alencar, médico de formación, acudiera el miércoles en ayuda del exministro de la Salud Eduardo Pazuello, que tuvo un malestar al concluir una jornada de interrogatorios.
“La consulta fue gratuita, por cuenta del SUS [sistema público de salud]”, bromeó luego Alencar.
La CPI también agitó a las redes sociales.
Una foto de Pazuello durante la sesión con la mascarilla mal colocada, con la boca descubierta, generó decenas de memes y fue considerada por los críticos del gobierno como una ilustración de la desidia oficial ante la pandemia.