El estado de Rio de Janeiro realizará el viernes la mayor licitación del servicio de agua y alcantarillado de la historia de Brasil, con una adjudicación en al menos 1.900 millones de dólares e inversiones previstas de 5.500 millones por concesiones de 35 años. Las obras deberán asegurar el acceso al agua potable y la evacuación de aguas servidas a casi 13 millones de personas en este estado de 17,3 millones de habitantes, el segundo más rico de Brasil.
La subasta se dividirá en cuatro bloques, que agrupan a 35 municipios, incluyendo el de la ciudad de Rio, la capital, de 6,3 millones de habitantes.
Quien brinda actualmente estos servicios es la empresa pública Compañía Estatal de Aguas y Alcantarillado (Cedae), criticada por la mala calidad del agua que a menudo sale turbia, maloliente y con sabor a tierra.
El precio mínimo fijado por los cuatro bloques es de 10.600 millones de reales (1.900 millones de dólares), pero la licitación podría recaudar más, dado que tres bloques cuentan ya con varias ofertas.
La concesión también prevé que las empresas adjudicatarias inviertan 30.000 millones de reales (5.500 millones de dólares) durante los 35 años de operaciones.
Los resultados serán importantes para el endeudado estado de Rio y para el gobierno del presidente Jair Bolsonaro y su ministro de Economía, Paulo Guedes, con dificultades para impulsar su programa de privatizaciones y concesiones, debido a la pandemia.
Pero la idea de dejar en manos privadas la gestión del agua encuentra resistencias.
La licitación del viernes fue suspendida por varias decisiones judiciales, que luego fueron recurridas y anuladas.
Y la Asamblea Legislativa de Rio de Janeiro (Alerj) decidirá este jueves por votación si anula el decreto que autoriza la concesión.
Para incentivar las ofertas, el banco de fomento de Brasil (BNDES) prevé financiar hasta el 55% de las inversiones en este faraónico proyecto que podría generar 45.000 puestos de trabajo.
Ninguna empresa extranjera está en liza, pero uno de los consorcios cuenta con el apoyo financiero de un fondo soberano de Singapur.
El fondo de pensiones canadiense Canada Pension Plan Investment Board es dueño del 45% del grupo brasileño Igua, que forma parte de otro consorcio.
Las obras deberán enfrentar numerosas dificultades, como la de evaluar las necesidades en áreas de favelas, muchas de ellas controladas por bandas de narcotraficantes o por milicias parapoliciales.
Expectativas
“Esta licitación genera mucha expectativa porque es la mayor de todas (…). Es un desafío técnico, de saneamiento básico, económico, por su dimensión. Y es muy esperada porque la situación sanitaria del estado se deterioró mucho en los últimos años”, dijo a la AFP Edison Carlos, presidente ejecutivo del Instituto Trata Brasil, que agrupa a empresas del sector.
Según este químico industrial de formación, la planta de agua de Guandu, que abastece a 6 millones de personas, está ubicada cerca de la confluencia de tres de los ríos más contaminados del estado de Rio.
“En verano, con el calor, aparecen microalgas que producen sustancias que dejan gusto y olor en el agua. Y [Guandu] no consigue eliminar esas sustancias, como la geosmina. No es tóxica, no causa problemas de salud, pero deja ese sabor de tierra”, explicó.
En todo Brasil, casi 35 millones de personas carecen de acceso a agua potable y alrededor de 100 millones, casi la mitad de la población, no acceden al servicio de alcantarillado.
En junio pasado, el Congreso aprobó una ley destinada a facilitar el ingreso de grupos privados a proyectos de saneamiento.