Estados Unidos prohibió el lunes el ingreso de la fiscal general de Guatemala y de cinco magistrados de El Salvador, considerándolos «actores corruptos y antidemocráticos», en el marco del esfuerzo de la administración Biden para abordar las causas de la migración irregular. “Estados Unidos está comprometido a apoyar al pueblo del norte de Centroamérica fortaleciendo la democracia, el estado de derecho y la rendición de cuentas, que son las claves para un futuro mejor”, dijo el jefe de la diplomacia estadounidense, Antony Blinken, al anunciar la decisión.
El gobierno de Joe Biden considera que la corrupción y el deterioro de la gobernabilidad democrática en Guatemala, El Salvador y Honduras generan parte de las condiciones que motivan el éxodo de ciudadanos de esos países a la frontera entre Estados Unidos y México, que alcanza números récord desde la llegada al poder del mandatario demócrata.
Foto de archivo tomada el 17 de mayo de 2018, de la Fiscal General de Guatemala, María Consuelo Porras, hablando durante una conferencia de prensa en la Ciudad de Guatemala.© AFP/Archivos Johan ORDONEZ
La fiscal general de Guatemala, Consuelo Porras, y el también sancionado secretario general del Ministerio Público (MP) de ese país, Ángel Arnoldo Pineda Ávila, así como los magistrados de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de El Salvador –Óscar Alberto López Jerez, Elsy Dueñas Lovos, José Ángel Pérez Chacón, Luis Javier Suárez Magaña y Héctor Nahún Martínez–, fueron incluidos en la Lista Engel.
Así se conoce a la Sección 353 de la Ley de Compromiso Reforzado entre Estados Unidos y el Triángulo del Norte, patrocinada en diciembre pasado por el exlegislador Eliot Engel, y por la cual el Departamento de Estado identifica a quienes en esos tres países centroamericanos atenten contra la democracia y la lucha anticorrupción.
Los siete centroamericanos designados se suman a los 55 funcionarios y exfuncionarios guatemaltecos, salvadoreños y hondureños con restricciones de visado desde julio pasado en virtud de esa ley.
“Empieza a tener consecuencias”
Blinken acusó a Porras y a Pineda Ávila de interferir en la investigación de actos de corrupción.
“El patrón de obstrucción de Porras incluyó ordenar a los fiscales del MP de Guatemala que ignoraran los casos basados en consideraciones políticas y socavar activamente las investigaciones llevadas a cabo por la Fiscalía Especial Contra la Impunidad, incluido el despido de su fiscal principal Juan Francisco Sandoval, y el traslado y el despido de fiscales que investigan la corrupción”, sostuvo.
Tras ser removido el 23 de julio, Sandoval dijo que se le pidió no investigar al presidente Alejandro Giammattei sin el consentimiento de la fiscal Porras.
“Obstruir las investigaciones de casos de corrupción, amenazar a la prensa independiente y sociedad civil, así como la criminalización de los operadores de justicia que luchan contra la corrupción e impunidad, empieza a tener consecuencias”, tuiteó el lunes Sandoval, quien huyó de Guatemala diciendo temer por su vida.
La destitución de Sandoval, a quien Blinken califica como un “campeón anticorrupción”, provocó que Estados Unidos suspendiera su cooperación con el MP guatemalteco y desató manifestaciones exigiendo la renuncia del presidente Giammattei y de Porras.
En Twitter, Giammattei consideró “una falta de respeto hacia las relaciones internacionales” que se acuse “sin pruebas o sustentos” y se de valor “a las declaraciones de quienes cuentan con intereses personales y procesos pendientes en Guatemala”, en alusión al exfiscal Sandoval, con orden de captura en su país.
La Fiscalía de Guatemala, en tanto, rechazó las acusaciones “falsas e infundadas” de Washington.
“Injerencia de la más bajera”
Sobre El Salvador, Blinken apuntó contra los magistrados “por socavar la democracia” al interpretar la Constitución de manera que el presidente Nayib Bukele pueda presentarse a la reelección pese a una prohibición expresa en la Carta Magna, que impide mandatos presidenciales consecutivos.
Resaltó que los cinco fueron nombrados por la Asamblea Legislativa que asumió el 1 de mayo, tras la destitución abrupta “sin causa legítima” de sus predecesores y “en un proceso que parece haber contravenido la Constitución salvadoreña”.
El 3 de septiembre los nuevos magistrados interpretaron un artículo de la Constitución que da luz verde a Bukele para postularse a una reelección inmediata en 2024, si así lo desea.
Bukele, de 40 años y en el poder desde 2019, goza de un amplio respaldo popular y ha capitalizado el descontento ciudadano sobre los partidos tradicionales que gobernaron por tres décadas. Desde mayo controla el Congreso.
El mandatario salvadoreño, que este lunes se autodenominó “dictador” en su biografía en Twitter entre acusaciones dentro y fuera del país de concentrar el poder, reaccionó con ironía a la decisión de Estados Unidos.
“Queda claro que la lista no tiene NADA que ver con ‘corrupción’, sino que es pura política e injerencia de la más bajera”, escribió. “Es extraño que no viene mencionado NADIE de la oposición. Tal vez por angelitos”.
“De nuevo, no viene NADIE del Gobierno de Honduras. Qué raro”, afirmó, aludiendo a los señalamientos de narcotráfico contra el presidente Juan Orlando Hernández en una corte de Nueva York.
“No somos ‘patio trasero’ de nadie”, agregó más tarde.