La dictadura de Daniel Ortega en Nicaragua deportó ayer jueves 9 de febrero a 222 presos políticos, entre ellos varios sacerdotes y seminaristas.
El destino de los presos políticos, deportados tras una sentencia del Tribunal de Apelaciones de Managua, es Washington D.C. (Estados Unidos).
La sentencia señala que se deporta a “los sentenciados que por diferentes ilícitos violentaron el ordenamiento jurídico y constitucional atentando contra el Estado de Nicaragua y la Sociedad nicaragüense, perjudicando el interés Supremo de la nación”.
Asimismo precisa que la deportación se ha realizado “para proteger la paz, la seguridad nacional, el orden público, la salud, la moral pública, los derechos y libertades de terceros”.
En el grupo de deportados están los sacerdotes Oscar Benavidez Dávila (50), párroco de la parroquia Espíritu Santo en Molokukú; Ramiro Reynaldo Tijerino Chávez (50), rector de la Universidad Juan Pablo II; Sadiel Antonio Eugarrios Cano (35), exvicario de la Catedral de Matagalpa; y José Luis Díaz Cruz (33), actual vicario de la Catedral de Matagalpa.
A ellos se suman el diácono Raúl Antonio Vega González (27); los seminaristas Darvin Esteylin Leiva Mendoza (19) y Melkin Antonio Centeno Sequeira (23); y el fotógrafo Sergio José Cárdenas Flores (32).
El 4 de febrero el P. Benavidez fue condenado a 10 años de cárcel, mientras que los demás habían sido condenados, el 6 de febrero, a 10 años de cárcel y 800 días de multa, acusados de conspiración y propagación de noticias falsas.
Fuentes cercanas al caso del Obispo de Matagalpa, Mons. Rolando Álvarez, secuestrado por la dictadura de Ortega desde agosto de 2022 y retenido en arresto domiciliario en Managua, señalan que el Prelado fue retirado de su casa alrededor de las 3:00 a.m. (hora local) de hoy.
Algunas fuentes indican que el Prelado se encuentra a bordo del avión con los deportados enviados a Estados Unidos, aunque la lista oficial no lo incluye. Otras fuentes señalan que el Obispo habría sido llevado a una cárcel local, donde esperará el juicio al que será sometido el 15 de febrero.
Martha Patricia Molina, investigadora y abogada nicaragüenses, dijo a EWTN Noticias que la condena podría ser de 15 años de cárcel.
Según el diario nicaragüense La Prensa, al menos 40 presos políticos estaban en la cárcel de torturas El Chipote y son opositores “de alto perfil”, entre ellos los universitarios que destacaron en las protestas de 2018.
Vía: ACI PRENSA
