Politica José María Aznar (izq) y Mariano Rajoy hablan al inicio de una reunión del comité ejecutivo del Partido Popular, el 21 de noviembre de 2011 en Madrid© AFP/Archivos Dani Pozo
El juicio sobre la «caja B» o la presunta contabilidad paralela ilegal del Partido Popular (PP, derecha), en el que declararon como testigos dos ex presidentes del gobierno español, concluyó su fase oral este miércoles y quedó visto para sentencia. Muy embarazoso para el PP, principal partido de oposición, el proceso había comenzado en febrero en la sede de la Audiencia Nacional en San Fernando de Henares, al este de Madrid.
El juicio giró en torno a Luis Bárcenas, un ex tesorero del partido que afirmó que ese fondo no declarado, que durante dos décadas fue alimentado por donaciones de empresarios, sirvió para pagar sobresueldos a dirigentes y colaboradores del PP.
El ex tesorero, quien anotó los sobresueldos en unas tablas manuscritas conocidas como “los papeles de Bárcenas”, citó como beneficiarios de esos pagos a Mariano Rajoy, antes de que este fuera presidente del gobierno entre 2011 y 2018, y a otros siete políticos que ocuparon cargos orgánicos en el PP y carteras ministeriales.
Según explicó Bárcenas, el objetivo de los sobresueldos era garantizar a esos políticos el mismo nivel retributivo cuando pasaron a ser ministros y ya no podían cobrar gastos de representación del partido.
En su declaración a fines de marzo, Rajoy negó las acusaciones de Bárcenas, al tiempo que desmintió la existencia de la “caja B”, lo que también hizo ante el tribunal el ex presidente del gobierno José María Aznar (1996-2004).
La fiscalía pide cinco años de cárcel para Bárcenas, quien ya cumple una condena de veintinueve años emanada de un juicio que en 2018 acreditó la existencia de la contabilidad irregular del partido.
Esa sentencia impulsó una moción de censura que desbancó del poder a Rajoy y al PP en junio de 2018, reemplazados por los socialistas dirigidos por Pedro Sánchez.
El actual presidente del PP, Pablo Casado, quien sustituyó a Rajoy al frente del partido en 2018, ha buscado distanciarse de los escándalos de corrupción de su formación, llegando a anunciar que cambiará su histórica sede en el centro de Madrid, cuya renovación estuvo, según la fiscalía, en parte financiada gracias a la “caja B”.