Cuando la policía llamó a su puerta para informarle que había sido denunciado por atentar contra la seguridad nacional, el popular youtuber brasileño Felipe Neto se quedó espantado.
Pocos días antes, Neto había llamado “genocida” al presidente Jair Bolsonaro por la gestión de la pandemia de coronavirus, que ya dejó más de 290.000 muertos en Brasil. El concejal Carlos Bolsonaro, estratega de su padre en las redes sociales, pidió a la policía que lo investigara.
De inmediato, las redes sociales se inundaron de mensajes de apoyo a Neto, replicando el adjetivo “genocida” y las críticas del influenciador digital, de 33 años, que cuenta con más de 41 millones de seguidores en YouTube y 12,4 millones en Twitter.
Una jueza suspendió el jueves la investigación, por considerarla ilegal, y Neto anunció que financiará un grupo de abogados para defender gratuitamente a quienes son procesados por criticar al gobierno.
Juristas y especialistas en Derechos Humanos advierten sobre una escalada de maniobras legales y extralegales de miembros del gobierno y sus seguidores para acallar voces que consideran disidentes.
Milicias digitales
Los ataques no se limitan a opositores políticos. Periodistas, artistas y científicos también denuncian ataques coordinados por “milicias digitales” bolsonaristas para destruir sus reputaciones.
La cardióloga Ludhmila Hajjar, a quien Bolsonaro llegó a sondear este mes como posible ministra de Salud, fue amenazada de muerte tras cuestionar el uso de medicamentos sin comprobación científica promovidos por Bolsonaro contra el coronavirus y defender restricciones a la circulación para frenar los contagios. Intentaron invadir el hotel donde se alojaba en Brasilia.
Hajjar refirió lo sucedido a Bolsonaro, quien según la médica le respondió: “Son gajes del oficio”.
La Presidencia dijo a la AFP que no se pronunciaría sobre el asunto.
Resabios de la dictadura
“¿Cómo le gustaría [a Carlos Bolsonaro] que me refiriera al presidente, que calificó de ‘gripecita’ a la mayor pandemia que hemos visto en años, que incentiva a salir a la calle como si nada estuviese ocurriendo, que provoca aglomeraciones?”, alegó Neto.
La denuncia contra Neto invocó la Ley de Seguridad Nacional (LSN), implementada por el régimen militar (1964-85) para perseguir adversarios políticos y que continúa vigente en plena democracia.
Y cada vez con más frecuencia, está siendo utilizada para “cohibir opiniones disidentes”, afirma Thiago Amparo, abogado y profesor de Derecho de la Fundación Getulio Vargas (FGV-SP), que la considera institucional.
Los medios reportaron esta semana que el Ministerio de Justicia pidió a la Policía Federal abrir una investigación contra un sociólogo de Palmas (Tocantins, norte) por “delitos contra la honra” del presidente, al contratar carteles publicitarios gigantes con fotos del mandatario acompañadas de frases como “miente”, “no vale nada” o “vete, Bolsonaro”.
Mina la democracia “desde dentro”
“Estamos en un momento muy delicado, porque Bolsonaro es el tipo de líder que mina la democracia desde dentro”, afirma Ilona Szabó, cofundadora y presidenta del think tank Instituto Igarapé, especializado en temas de seguridad y desarrollo.
Si bien siempre existieron violaciones de los derechos humanos como amenazas contra activistas ambientales, brutalidad policial y una situación degradante en las prisiones, desde que Bolsonaro asumió el poder en 2019 “hubo una erosión democrática muy fuerte”, dijo Szabó a la AFP.
Bolsonaro nombró a figuras claves en la Policía Federal, la Fiscalía, en varios tribunales y otros organismos de control, que según analistas pueden ayudarlo a blindarse de investigaciones contra él y su familia.
“Es un líder populista autoritario con perfil clásico. No acepta disidencias, o eres 100% leal o eres su enemigo”, define Szabó.
Esta situación ha provocado una “fuga de cerebros”, apunta la investigadora. Ella misma abandonó el país, tras recibir amenazas por oponerse a las políticas armamentistas y represivas del gobierno en materia de seguridad.
La antropóloga y abogada Debora Diniz también se exilió tras recibir ataques por su activismo a favor de la legalización del aborto; el exdiputado izquierdista Jean Wyllys renunció a su mandato en 2019 para mudarse a Europa, tras una campaña de noticias falsas que lo asociaba a la pedofilia.
En un boletín que será publicado en abril (GPS do Espaço Cívico), el Instituto Igarapé identifica más de 200 “ataques al espacio cívico” entre el 1 de enero y el 10 de marzo de 2021, incluyendo campañas de desinformación, intimidaciones y abuso de poder.
El gobierno federal es responsable de casi el 55% de esos ataques, según el informe.
“Si continuamos sin un freno real por parte de las instituciones, corremos el riesgo de una ruptura democrática”, advierte Szabó.
