Pedro Coronel, referente de la coordinadora de víctimas por estafas, conocida como caso “mafia de los pagarés”, afirmó que la organización afectada por embargos y descuentos irregulares seguirá intensificando su lucha en 2026 ante lo que consideran una red mafiosa instalada en el sistema judicial. Según explicó, pese a algunos avances, persiste una fuerte resistencia institucional.
Mencionó especialmente a los juzgados y en la Corte Suprema de Justicia, donde existiría complicidad para ejecutar pagarés ya cancelados o emitidos de manera fraudulenta, afectando principalmente a docentes, jubilados y trabajadores del sector público como enfermeras.
Coronel sostuvo que el esquema involucra a empresas de créditos, estudios jurídicos y funcionarios judiciales, generando un perjuicio estimado en más de 51.000 millones de guaraníes mensuales y unas 17.000 víctimas directas. Ante este escenario, la coordinadora plantea abrir nuevos frentes de acción: control de descuentos en ministerios, campañas de concienciación y presión política para impulsar leyes que protejan el salario.
El vocero aprovechó para valorar positivamente la reciente apertura al diálogo en el Parlamento, donde varios legisladores se comprometieron a priorizar el tratamiento del caso. Y esperan que este tema continúe su curso durante el receso parlamentario.
