Durante la misa central celebrada por la festividad de Nuestra Señora de la Asunción, fecha que conmemora la fundación de la capital del país y en la que el actual gobierno cumple dos años de gestión, el Cardenal Adalberto Martínez Flores, Arzobispo de Asunción, aprovechó su homilía para denunciar la “debilidad” de las instituciones en su capacidad para dar respuestas efectivas a los sectores más vulnerables, fruto del “empobrecimiento ético en la práctica política”, lo que contribuye al incremento de la corrupción, la impunidad y el avance del crimen organizado.
El Cardenal exhortó a las autoridades del país, así como a los gobiernos locales y a la Iglesia, a evaluar y corregir las gestiones del gobierno. Aseguró que “no puede haber una democracia verdadera y estable, sin justicia social, sin una real división de los poderes y sin la vigencia del Estado Social de Derecho”. Advirtió que la concentración indebida del poder genera exclusión y transforma la autoridad en autoritarismo.
Asimismo, alertó sobre cómo el ejercicio autoritario y arbitrario del poder propicia la vulneración de los derechos sociales, políticos y económicos fundamentales y crea un ambiente de miedo y sumisión. “Por eso, el clamor por una justicia para todos, pronta y sin distinciones económicas o de poder, se vuelve cada vez más fuerte. Una justicia independiente”, ya que sin una justicia así, los sectores más vulnerables no pueden ver garantizados sus derechos.
Entre los más afectados, mencionó a las comunidades indígenas, que continúan altamente desprotegidas de sus derechos reconocidos en la Constitución Nacional. “Se ven obligados a abandonar sus tierras debido al hostigamiento; en algunos casos, esto podría constituir un ejercicio abusivo del poder, en la interpretación y aplicación de las leyes, en perjuicio de los más vulnerables”, advirtió.
Aunque celebró la reciente revisión del Plan Nacional de Pueblos Indígenas (PNPI), que busca garantizar los derechos de los pueblos originarios, señaló que este plan “debería ampliarse para abarcar a todos los pueblos indígenas y a las instituciones del Estado”.
