Sometidas a una legislación patriarcal de más de un siglo, las mujeres egipcias luchan por defender sus limitados derechos ante un proyecto legislativo, inspirado en la ley islámica, que refuerza la actual tutela de los hombres sobre su vida cotidiana. La nutricionista Mai Nasser recordó las dificultades que enfrentó su madre luego de que sus padres se divorciaran cuando era una bebé.
“Cada vez que yo necesitaba documentos para cambiar de escuela, viajar o acceder a servicios públicos, tenía que esperar la firma de mi padre radicado en el exterior”, escribió Nasser, de 30 años, en sus redes sociales.
Ella participa en una campaña dirigida por grupos feministas para que las mujeres retomen el control de sus vidas, lanzada en respuesta a la iniciativa presentada ante el Parlamento egipcio este año.
El proyecto de ley habría “impuesto la tutela de un hombre, ya sea el padre, el esposo o el hermano, sobre una mujer”, comentó Hoda Elsadda, profesora de Literatura de la Universidad de El Cairo y presidenta del Foro Mujeres y Memoria.
“Incluso le otorga al padre o al hermano el derecho de anular un matrimonio de su hija o hermana si el esposo tiene un origen social diferente”, agregó.
El proyecto fue momentáneamente aparcado ante el rechazo de los grupos de mujeres.
Los cambios propuestos en la ley incluían que las mujeres no puedan viajar al exterior sin el consentimiento de un hombre e impiden que las madres registren el certificado de nacimiento o el pasaporte de su hijo.
Esto habría privado “a las mujeres de su capacidad legal y provocado un retroceso de 200 años en Egipto”, afirmó Nihad Abu al Komsan, una activista feminista y presidenta del Centro Egipcio por los Derechos de la Mujer.
Los derechos políticos de las mujeres han mejorado en los últimos años. Actualmente hay ocho mujeres ministras, casi un cuarto del gabinete, y las mujeres ocupan 168 escaños legislativos de un total de 569.
En virtud de las reformas constitucionales adoptadas en 2019, las mujeres deben ocupar el 25% de los escaños de la cámara baja.
Pero en sus vidas cotidianas, no tienen autoridad sobre sus hijos o sus vidas personales porque la tutela está en manos de los hombres de sus familias.
Sin derechos sobre hijos
Elsadda destacó que desde la fundación de Egipto como un Estado moderno en el siglo XIX, las mujeres han estado marginadas y sus derechos relegados.
“En 1956, las egipcias obtuvieron derechos políticos al voto, a disputar cargos públicos y alcanzar los más altos estamentos del Estado, pero el estatus personal es el mismo desde 1920”, recordó.
“Las mujeres no tienen capacidad legal de tener custodia sobre sí mismas ni sobre sus hijos y están bajo el control de los hombres de la familia”, agregó.
Este mes, el Consejo Supremo Judicial decidió, en una reunión encabezada por el presidente Abdel Fatah al Sisi, permitir por primera vez a las mujeres trabajar en la oficina del fiscal y en el Consejo de Estado.
Pero según Omnia Taher, profesora de Derecho de la Universidad Al Azhar, se trata de un “cambio cosmético”. “La discriminación por género no va a desaparecer”, aseguró.
Elsadda también se mantiene escéptica sobre los cambios recientes, destacando cómo las mujeres se enfrentan constantemente a barreras burocráticas.
“La ministra que representa al Estado en cumbres internacionales no tiene la tutela legal de sus hijos”, apuntó.
La profesora agregó que las mujeres no pueden retirar las notas escolares de sus hijos sin la presencia del padre, ni pueden controlar las cuentas bancarias de sus hijos.
El gran imán de Al Azhar de El Cairo, principal institución teológica para los musulmanes sunitas en el mundo, intervino en el debate en mayo pasado.
Ahmed al Tayeb dijo en Twitter que no hay un edicto religioso que impida a las mujeres ocupar altos cargos, viajar solas o tener partes adecuadas de derechos de herencia.
Y agregó que “sus tutores no deben impedir que se casen sin un motivo válido”.
Pero no llegó a decir que las mujeres deban tener los mismos derechos que los hombres. Muchos creen que la única forma de alcanzar eso es si se consagra en la ley civil.