El líder independentista y expresidente catalán Carles Puigdemont, se encuentra detenido este viernes a disposición de la justicia en Italia, que debe decidir si lo extradita a España, que lo reclama por sedición y malversación. “Se encuentra en la cárcel de Bancalí, en Sassari, a disposición de la autoridad judicial”, confirmó este viernes a la prensa local el abogado Fabio Bruno, cónsul honorario de España para las provincias de Sassari, Nuoro y Oristano, en Cerdeña.
Su abogado, Gonzalo Boye, declaró en Bruselas a la AFP, antes de viajar a Cerdeña que su comparecencia podría ocurrir “el sábado o el lunes”.
Puigdemont, que fue presidente del gobierno regional catalán durante la declaración fallida de independencia de 2017, fue detenido el jueves a su llegada al aeropuerto de Alguer, en Cerdeña, en virtud de una orden de detención europea del 14 de octubre de 2019.
Actualmente eurodiputado, el líder independentista, huido en Bélgica desde 2017, viajó a Alguer para un festival cultural organizado en esa ciudad con vínculos históricos con Cataluña.
Según las normas judiciales italianas debería ser interrogado en las próximas 48 horas, tras lo cual las autoridades italianas deberán decidir si autorizan su extradición, un proceso sumamente complejo que toma en general meses.
“El presidente será puesto a disposición de los jueces de la corte de apelación de Sassari, que es competente para decidir su puesta en libertad o su extradición”, precisó Alay.
Este viernes, una pancarta con la bandera de Cerdeña y de Cataluña fue extendida fuera del tribunal de Sassari, en solidaridad con Puigdemont.
“Libertad para los prisioneros políticos catalanes”, rezaba la banderola.
“Ha sido un acto político”, lamentó ante la prensa el alcalde de Alguer, Mario Conici, quien invitó a Puigdemont a su ciudad, que asegura es la única en Italia donde se habla catalán.
Según el abogado del detenido, el expresidente fue a Cerdeña en “calidad de eurodiputado”.
Llamamientos a manifestar
Para Boye el arresto de su cliente es una burla a la justicia de la Unión Europea. El letrado explicó que el arresto de su cliente se realizó en virtud de la euroorden de 2019 “que el reino de España informó al Tribunal General de la Unión Europea que se encontraba suspendida y no era ejecutable en ninguno de los 27 estados miembros de la UE”.
La cuestión de la validez de esta orden de detención europea parece ser la cuestión central que terminará el futuro judicial de Puigdemont.
El gobierno español del socialista Pedro Sánchez, inmerso en un proceso de diálogo con el gobierno catalán, se limitó a comentar que la detención “obedece a un procedimiento judicial en curso que se aplica a cualquier ciudadano en la Unión Europea que debe responder de sus actos”.
Principales fechas de la saga judicial del expresidente catalán Carles Puigdemont© AFP
En las redes sociales aparecieron llamamientos independentistas a manifestarse ante el consulado italiano en Barcelona, ciudad en la que se ha organizado una protesta el domingo al mediodía.
El presidente regional de Cataluña, Pere Aragonès, un separatista de tendencia más moderada, convocó una reunión de “emergencia” de su gobierno este viernes a mediodía tras denunciar una “persecución”.
“Basta. La amnistía es la única forma. La autodeterminación es la única solución”, escribió en su cuenta de Twitter.
El líder de la oposición, el conservador Pablo Casado, pidió que se le juzgue en España y lanzó un mensaje al presidente del gobierno: “Puigdemont debe ser juzgado en España por su golpe a la legalidad constitucional y Sánchez debe comprometerse a respetar la sentencia de la Justicia sin indultos a cambio de permanecer en el poder”.
Puigdemont, de 58 años, llegó inesperadamente a la presidencia del gobierno regional catalán en 2016 y lideró un movimiento independentista en plena efervescencia que no estaba dispuesto en 2017 a conformarse con menos que la secesión.
Tras proclamarla, el gobierno español de Mariano Rajoy intervino la administración regional y convocó elecciones autonómicas, invalidando así la tentativa.
Sin inmunidad parlamentaria
Puigdemont es reclamado por la justicia española, en contraste con sus compañeros de gobierno que acabaron siendo juzgados, como su vicepresidente Oriol Junqueras, condenado a 13 años de cárcel, y finalmente indultado en 2021 por el gobierno español de Pedro Sánchez, como el resto de los encausados.
En tanto que eurodiputado, Puigdemont debería normalmente gozar de inmunidad, pero el Tribunal General de la Unión Europea decidió a finales de julio que no era el caso, y mantuvo firme la suspensión de su inmunidad legislativa decidida por el Parlamento Europeo.
La justicia española acusa a Puigdemont de sedición y malversación de fondos por el intento de independencia de Cataluña en 2017, y exige su extradición.
Ni el ministerio del Interior italiano ni el gobierno se han pronunciado hasta ahora sobre el asunto, ya que se trata de un caso delicado con implicaciones judiciales y políticas.