La justicia alemana tiene múltiples frentes abiertos, desde quejas contra el régimen de Bielorrusia hasta procesos relacionados con Bashar al Asad o el «genocidio» de los yazidíes, aunque muchos expertos señalan que su alcance no deja de ser limitado. Diez opositores bielorrusos han recurrido a la Fiscalía federal alemana para acusar al régimen de Alexander Lukashenko de torturas sistemáticas durante la represión policial de las protestas convocadas tras la reelección del mandatario, en el verano de 2020.
Una denuncia que sigue a la presentada por la comunidad LGTB (lesbianas, gays, transexuales y bisexuales) chechena contra el régimen de Ramzan Kadyrov y a la de la oenegé Reporteros Sin Fronteras –muy mediatizada– contra el príncipe heredero de Arabia Saudita, por su supuesta “responsabilidad” en el asesinato del periodista Jamal Khashoggi.
“Competencia universal”
Para actuar, oenegés y víctimas se apoyan en el principio de la “competencia universal” que, desde 2002, permite que Alemania pueda juzgar a cualquier persona sospechosa de los delitos más graves, como crímenes contra la humanidad o crímenes de guerra, cometidos en cualquier parte del mundo.
Existen otros países europeos con esta herramienta jurídica, pero “hoy, todas las esperanzas están puestas en Alemania”, indicó a la AFP Jeanne Sulzer, responsable de la comisión de Justicia Internacional en Amnistía Internacional.
Pues, al contrario que, por ejemplo, el sistema francés, el código penal del derecho internacional alemán hace “posible que se depositen denuncias sin que el presunto autor tenga que estar presente necesariamente” en Alemania, agregó la abogada.
Entre 2017 y 2019, los policías de la unidad especializada en crímenes de guerra llevaron a cabo 105 investigaciones vinculadas con actos cometidos en países tan dispares como Siria, Irak, Costa de Marfil, República Democrática del Congo, Sudán del Sur o Malí, según un documento del Bundestag.
Puesto que la apertura del proceso no requiere que existan vínculos con Alemania, el sistema ofrece una posibilidad de “justicia para las víctimas que no tienen adonde acudir”, señala Maria Elene Vignoli, de Human Rights Watch (HRW).
Papel importante
A causa de la lentitud de las instancias judiciales internacionales, Alemania ha acabado desempeñando una importante labor en el enjuiciamiento de los abusos imputados al régimen de Damasco, sobre todo a raíz de la presencia de 800.000 refugiados sirios en el país.
El Tribunal Superior de Justicia de la región de Coblenza emitió en febrero un histórico veredicto que condenaba, por primera vez en el mundo, a un exagente de los servicios de inteligencia sirios por complicidad en crímenes contra la humanidad.
A finales de año, se espera el fallo de otro proceso, abierto contra un alto responsable sirio.
Además, un médico sirio sospechoso de haber torturado a heridos en un hospital militar de Homs y que en la actualidad reside en una estación termal de Alemania, debería comparecer ante la justicia próximamente.
Asimismo, la justicia alemana también está actuando contra los abusos cometidos contra la minoría yazidí por parte del grupo Estado Islámico (EI) en 2014. Un iraquí está siendo juzgado en Fráncfort desde hace un año por “genocidio”, un proceso inédito.
Aun así, la “competencia universal” también tiene sus límites, empezando por las barreras políticas.
Siria, marginada por la comunidad internacional, “es un terreno político seguro para las fiscalías europeas”, indicó el abogado Patrick Kroker, que representa a las partes civiles de Coblenza.
Sin embargo, “la justicia alemana debe aplicar los mismos estándares para los sospechosos de países amigos”, señaló el jurista Wolfgang Kaleck, de la organización berlinesa ECCHR.
En 2005, la fiscalía alemana rechazó una denuncia presentada por esa oenegé contra el exsecretario estadounidense de Defensa Donald Rumsfeld.
Otro de los escollos es la “dificultad de investigar sobre el terreno”, añadió Jeanne Sulzer. A causa de ello, los policías deben mostrarse creativos, utilizando imágenes satelitales o pidiendo a las víctimas que dibujen los lugares en los que estuvieron detenidas.
Por otro lado, los procesos pueden resultar particularmente largos y costosos, como el de los jefes de un grupo armado ruandés, que comportó un récord de 320 audiencias y una factura de casi 5 millones de euros (unos 6 millones de dólares). Además, el veredicto, pronunciado en septiembre de 2015, fue parcialmente invalidado.