Los generales birmanos impusieron el martes un corte casi total de internet por segunda noche consecutiva y continúan con las detenciones para intentar sofocar el levantamiento popular contra el golpe de Estado, desoyendo las condenas internacionales.

Desde el golpe de Estado del 1 de febrero, que puso fin a una frágil transición democrática de 10 años, el ejército ha empuñado la represión: despliegues de vehículos blindados, detenciones nocturnas y endurecimiento del arsenal legislativo.

Unas 420 personas (políticos, médicos, activistas, estudiantes, huelguistas) han sido detenidas en dos semanas, según una oenegé que ayuda a los presos políticos.

La exdirigente de facto del gobierno civil, Aung San Suu Kyi, y el presidente de la República, Win Myint, llevan arrestados desde las primeras horas del golpe.

Se cree que un tribunal los interrogará esta semana “por videoconferencia”, declaró el abogado Khin Maung Zaw, quien afirma que no ha podido hablar con sus clientes.

“Teatro”

Esta vista judicial no será justa, insistió a la AFP Tom Andrews, relator especial de la ONU. “No hay nada justo en la junta. Es teatro. No es más que teatro. Y, por supuesto, nadie les cree”.

La premio Nobel de la Paz de 1991 está acusada de haber infringido una norma comercial por importar “ilegalmente” walkie-talkies. Está bajo arresto domiciliario en la capital administrativa, Naipyidó, y al parecer se encuentra bien de salud, afirmó su partido, la Liga Nacional para la Democracia (LND), el pasado fin de semana.

Los generales siguen atacando los instrumentos de comunicación.

Las conexiones a internet fueron cortadas casi por completo en todo el país el martes a la 1H00 de la madrugada (18H30 GMT) por cuarta vez desde el golpe de Estado. Se restablecieron al cabo de ocho horas.

Esto va en contra de los “principios democráticos fundamentales”, insistió la enviada de la ONU para Birmania, Christine Schraner Burgener, en una conversación telefónica con Soe Win, subcomandante del ejército birmano.

Los cortes también perjudican “sectores claves, como los bancos”, añadió en esta conversación inusual entre la junta y el mundo exterior.

“Devuélvannos la esperanza”

A pesar de la represión, la movilización prodemocracia continúa.

Cientos de manifestantes protestaron el martes en Rangún, la capital económica. “¡Devuélvannos a nuestros líderes!”, “¡Devuélvannos la esperanza!”, se leía en las pancartas.

Los manifestantes invitaban a los habitantes a unirse al movimiento de desobediencia civil. Muchos funcionarios públicos, como abogados, profesores, controladores aéreos o trabajadores ferroviarios, han respondido a esta convocatoria haciendo huelga desde el golpe de Estado.

Pero tras el despliegue de tropas en algunas ciudades, apoyadas por vehículos blindados, se redujo el número de participantes en las manifestaciones.

“Se hace para amenazar a la gente”, lamentó Nyein Moe el lunes, mientras se manifestaba frente al Banco Central de Rangún. Pero “no podemos detenernos ahora”.

Las fuerzas de seguridad se desplegaron el lunes delante de la sede de la LND, lo cual atrajo a miles de personas al lugar. La policía registró los locales, según el partido.

Por el momento las protestas suelen ser pacíficas, pero el lunes hubo varios incidentes.

La policía detuvo a decenas de manifestantes, incluidos unos 20 estudiantes, en Naipyidó, y después liberó a algunos de ellos.

En Mandalay (centro), la segunda ciudad más grande del país, un enfrentamiento entre manifestantes y las fuerzas de seguridad se saldó con al menos seis heridos. La policía disparó balas de goma y lanzó piedras a la muchedumbre que respondió a ladrillazos.

Algunos periodistas presentes denunciaron que la policía les golpeó.

Las fuerzas armadas, que cuentan con dos apoyos en la ONU (Rusia y China), hacen oídos sordos a las múltiples condenas internacionales y a las sanciones anunciadas por Washington.

Los generales golpistas, que cuestionan las elecciones legislativas de noviembre ganadas masivamente por la LND, han autorizado registros sin orden judicial y detenciones por un corto periodo sin necesidad del visto bueno de un juez.

El jefe de la junta, Min Aung Hlaing, un paria internacional por las atrocidades cometidas contra los musulmanes rohinyás en 2017, estima que lo que pasa en Birmania es “un asunto interno”.
Fuente: 24matins.es