Los países miembros de la Corte Penal Internacional eligen este viernes a un fiscal general entre cuatro candidatos, uno de ellos español, para suceder a la actual titular, quien está sometida a sanciones estadounidenses.

La fiscal general saliente Fatou Bensouda ha llevado a cabo investigaciones polémicas, en particular sobre el conflicto israelo-palestino o Afganistán.
Cuatro candidatos – del Reino Unido, Irlanda, Italia y España- aspiran a sucederle.
El británico Karim Khan parte como favorito para el puesto, por delante del español Carlos Castresana, el irlandés Fergal Gaynor y el italiano Francesco Lo Voi, según la prensa británica.
Pese a varios intentos en las últimas semanas, los Estados miembros de la Corte Penal Internacional no han alcanzado un consenso para el nombramiento y por lo tanto deberán zanjar mediante una votación en la sede de la ONU en Nueva York.
Bensouda, nacida en Gambia, dimitirá en junio tras nueve años al frente de uno de los cargos más complicados de la justicia internacional. Deja tras de sí un balance mitigado en la corte de La Haya.
Su sucesor se convertirá en el tercer fiscal de la Corte desde que fue creada en 2002. Tendrá que encarar expedientes kilométricos y casos complejos en un tribunal cuya legitimidad se pone en duda constantemente.
Sanciones “inaceptables”
Karim Khan, un abogado británico y experto en derechos humanos, dirigió recientemente una investigación especial de la ONU sobre los crímenes del grupo yihadista Estado Islámico y pidió juicios como los abiertos a los dirigentes nazis en Nuremberg.
El español Carlos Castresana, juez de formación, dirigió un panel de la ONU sobre la lucha contra el crimen y la corrupción en Guatemala, pero dimitió en 2010. Alegó ser víctima de “ataques sistémicos” de funcionarios ávidos de poder.
El irlandés Fergal Gaynor ya ha representado a víctimas de crímenes en la CPI, como en el caso de la investigación sobre la guerra en Afganistán y en otro contra el presidente de Kenia Uhuru Kenyatta.
El fiscal siciliano Francesco Lo Voi se ha ocupado por su parte de casos contra la mafia italiana y una red de traficantes de personas.

El nuevo fiscal deberá decidir sobre las próximas etapas en la investigación de los crímenes de guerra en Afganistán y de la polémica investigación sobre el conflicto israelo-palestino de 2014 en Gaza.
El año pasado, el gobierno del expresidente estadounidense Donald Trump impuso sanciones a Fatou Bensouda y a otro alto funcionario de la CPI -como una prohibición de viaje y la congelación de sus activos- debido a una investigación sobre presuntos crímenes de guerra estadounidenses en Afganistán.
Israel y Estados Unidos, que no son miembros de la CPI, también se opusieron a otra investigación sobre presuntos crímenes de guerra que habrían cometido las fuerzas israelíes y grupos armados palestinos.
La semana pasada los jueces de la CPI declararon que la corte es competente para abordar hechos ocurridos en los territorios palestinos ocupados, lo cual allana el camino para una investigación sobre crímenes de guerra.
El gobierno del nuevo presidente Joe Biden parece menos conflictivo pero no se ha pronunciado sobre si levantará las sanciones contra Fatou Bensouda, quien las considera “inaceptables”.
Un balance desigual
Bensouda deja el puesto tras un balance desigual, aunque, según algunos expertos, ha ampliado el alcance de la CPI.
Durante su mandato, el expresidente de Costa de Marfil Laurent Gbagbo fue absuelto de crímenes contra la humanidad y el ex vicepresidente de la República Democrática del Congo Jean-Pierre Bemba fue absuelto en apelación.
También se abandonaron los cargos de crímenes contra la humanidad retenidos contra el keniano Uhuru Kenyatta.
Sin embargo Bensouda obtuvo condenas contra Dominic Ongwen, un niño soldado ugandés convertido en comandante del Ejército de Resistencia del Señor (un grupo rebelde) y contra el jefe de guerra congoleño Bosco Ntaganda.
La CPI es el único tribunal permanente para crímenes de guerra en el mundo. Se le suele criticar por haberse centrado en casos de países africanos.