La justicia escocesa abandonó este jueves el proceso de extradición iniciado en 2018 contra la independentista catalana Clara Ponsatí, requerida por España por su participación en el fallido intento de independencia, alegando que vive en Bélgica desde que se convirtió en eurodiputada. “Ahora la corte ya no tiene jurisdicción en este asunto”, afirmó el juez Nigel Ross, durante una vista en el tribunal de Edimburgo, considerando que extraditar a España a una persona que no reside en el Reino Unido sería “irrealizable”.
Exconsejera de Educación del gobierno catalán de Carles Puigdemont, Ponsatí, de 64 años, está requerida por su participación en la organización, el 1 de octubre de 2017, de un referéndum de autodeterminación prohibido y marcado por impactantes escenas de violencia policial.
El 27 de ese mes, el Parlamento regional catalán declaró unilateralmente la independencia, aunque dejó dicha declaración en suspenso esperando negociar con el gobierno español de la época, del conservador Mariano Rajoy.
Pero este respondió destituyendo al ejecutivo catalán y poniendo bajo tutela a la región.
Como otros líderes independentistas, incluido Puigdemont, Ponsatí se marchó entonces de España para eludir a la justicia. Y regresó a Escocia, donde ya previamente trabajaba como profesora de Economía en la universidad de St Andrews.
Pero el 1 de febrero de 2020, Ponsatí, que había concurrido a las elecciones europeas del año anterior sin obtener escaño, se convirtió en eurodiputada gracias a que, tras el Brexit, algunos de los escaños que ocupaba el Reino Unido en el Parlamento Europeo se redistribuyesen a otros países, entre ellos cinco a España.
Ponsatí se unió así a otros dos miembros de la Eurocámara que están requeridos en Bélgica por la justicia española: el propio Puigdemont y su exministro Toni Comín.
Cambió su dirección de Escocia a Bélgica a principios de 2020, pero la justicia escocesa no fue notificada hasta mayo de 2021.
En la vista del jueves, la fiscalía argumentó que violó así la confianza del tribunal, al encontrarse en libertad bajo fianza. Sin embargo, esto parece no tener mayores consecuencias legales en Escocia.
Otros independentistas, indultados en España
Ponsatí reaccionó en Twitter dando las gracias “a todos los que contribuyeron al fondo para mi defensa escocesa, a todos los que me apoyaron”.
“La justicia escocesa es, antes que nada, justicia. En Europa es lo que acostumbramos a encontrar. En cambio, la justicia españoal es, antes que nada, española. Esta es la gran diferencia”, tuiteó por su parte Puigdemont.
Desde su primera comparecencia en marzo de 2018 en Escocia, Ponsatí ha afirmado que esta causa tiene “motivaciones políticas” y recaudó dinero para oponerse a su extradición a España.
También intentó eludirla utilizando la inmunidad parlamentaria que le ofrecía su condición de eurodiputada.
Ponsatí fue exconsejera de Educación del gobierno catalán de Carles Puigdemont© AFP/Archivos Neil Hanna
Sin embargo, a petición de España, el Parlamento Europeo votó el pasado marzo a favor de retirar esta protección a Ponsatí, Puigdemont y Comín.
Los tres recurrieron ante la justicia europea, y pese a que esta desestimó el pasado 30 de julio imponer medidas cautelares -por considerar injustificados sus temores de persecución judicial o arresto inminente- aún tiene que pronunciarse sobre el fondo.
“Mantienen la protección parlamentaria que les permite ir y venir a las sesiones del Parlamento Europeo en Estrasburgo”, explicó a los periodistas en Edimburgo el abogado de la catalana, Aamer Anwar.
Asimismo, la justicia europea “confirmó que las órdenes de detención europeas debían ser suspendidas debido a la remisión del caso al Tribunal Europeo de Justicia”.
Otros nueve líderes independentistas catalanes, entre ellos el exvicepresidente catalán Oriol Junqueras, que no abandonaron el país en 2017, fueron detenidos y condenados en octubre de 2019 a penas de entre 9 y 13 años de cárcel.
Buscando calmar la tensión y allanar el terreno para el diálogo, el actual gobierno español del socialista Pedro Sánchez los indultó el pasado junio.
Sin embargo, el Tribunal Supremo español sigue reclamando a Puigdemont, Comín y Ponsatí, recurriendo al Tribunal Europeo de Justicia después de que la justicia belga se mostrase contraria a entregarlos.
La justicia española acusa a Puigdemont y Comín de sedición y malversación de fondos, y a Ponsatí sólo de sedición.
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