Eliminar algunas restricciones a la propiedad intelectual que dificultan el acceso universal a las vacunas Covid-19. Así lo ha pedido Monseñor Ivan Jurkovič, Observador Permanente de la Santa Sede ante las Naciones Unidas en Ginebra, al intervenir esta mañana en el Consejo de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC) en la Organización Mundial del Comercio (OMC).

Lisa Zengarini – Ciudad del Vaticano 

«En las últimas semanas -señaló Monseñor Jurkovič- hemos visto cómo algunos países y empresas siguen favoreciendo los acuerdos bilaterales, haciendo subir los precios e intentando saltarse la fila. Todo ello a pesar de que el Papa Francisco advirtió del riesgo de dar prioridad en el acceso a las vacunas a los más ricos.

Además, el Observador Permanente destacó otra paradoja: por un lado, la mayoría de los países del mundo están experimentando retrasos en los programas de vacunación debido a la insuficiencia de la producción, mientras que, por otro lado, en muchos países existen numerosas instalaciones de producción capaces de fabricar vacunas seguras y eficaces que no pueden hacerlo precisamente por las restricciones de la propiedad intelectual.

Según la Santa Sede, dada la urgencia de dichas vacunas en la actual emergencia sanitaria, pero también las enormes sumas invertidas por los Estados para su desarrollo, deben ser consideradas como un «bien público» al que «todos deben tener acceso, sin discriminación, según el principio del destino universal de los bienes» recordado por el Papa Francisco.

Sin embargo -señaló el Nuncio Apostólico- los complejos mecanismos actuales de protección legítima de los derechos de propiedad intelectual son un obstáculo en este sentido. «Incluso en tiempos ‘normales’, el mecanismo del artículo 31bis del Acuerdo sobre los ADPIC, establecido para ayudar a los países con una capacidad de producción farmacéutica insuficiente o inexistente, ha sido ampliamente criticado debido a lo engorroso de sus procedimientos», señaló, subrayando que «las políticas y las leyes deben mantener una perspectiva centrada en el respeto y la promoción de la dignidad humana, con un espíritu de solidaridad dentro de las naciones y entre ellas».

De ahí la solicitud de la Santa Sede de una derogación de la aplicación y ejecución de las secciones 1, 4, 5 y 7 de la segunda parte del acuerdo, para la prevención, contención o tratamiento de Covid-19. La decisión de conceder esta derogación – concluyó monseñor Jurkovič – sería una «señal fuerte que demostraría un compromiso real» y, por tanto, la voluntad de pasar «de las palabras a los hechos en interés de toda la familia humana».