El exministro de Energía venezolano Rafael Ramírez, acusado en su país de malversación de fondos, corre el riesgo de ser extraditado de Italia, donde está refugiado, tras un dictamen favorable de la fiscalía, dijo este jueves a la AFP su abogado. “El fiscal de la Corte de Apelaciones se pronunció a favor de la extradición, en violación a la resolución de las Naciones Unidas sobre las violaciones de derechos humanos en Venezuela“, declaró a la AFP su abogado Roberto De Vita.
La fecha en que la Corte de Apelaciones de Roma emitirá su veredicto se desconoce por el momento.
Exjefe de la compañía petrolera estatal PDVSA (2004-2014) y exministro de Petróleo (2002-2014), Ramírez fue uno de los hombres de confianza del fallecido líder venezolano Hugo Chávez, pero rompió a finales de 2017 con el sucesor de éste, Nicolás Maduro, renunciando entonces al cargo de embajador de Venezuela ante la ONU.
Su dimisión se produjo tras las “críticas abiertas a la política económica y social” del gobierno de Maduro y a las “violaciones de los derechos humanos cometidas sistemáticamente”, según un comunicado de su bufete de abogados.
Ramírez “acusó al gobierno actual de haber destruido la economía del país y de haber transformado a Venezuela en una sangrienta dictadura”.
“Para poder eliminar al opositor más importante”, según sus abogados, “el gobierno de Maduro solicitó a Italia en noviembre de 2020 la extradición del señor Ramírez sobre la base de falsas acusaciones de malversación de fondos”, continúa el comunicado.
La fiscalía venezolana acusa a Ramírez de “malversación, blanqueo de capitales y asociación delictiva”.
El fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, había calificado a Ramírez en 2018 como “uno de los principales corruptos, (responsable) de la quiebra por corrupción” de la compañía petrolera.
La fiscalía italiana reaccionó más tarde afirmando que su dictamen favorable estaba vinculado a varias condiciones, entre ellas saber con certeza que Ramírez “es culpable de conductas que han causado daño” a Venezuela.
También pidió “garantías concretas sobre el respeto del Estado de derecho” y la duración de la prisión preventiva y del juicio.
Vinculando su opinión favorable a esas condiciones, la fiscalía recordó “las conclusiones alarmantes sobre las violaciones de los derechos humanos y del debido proceso” a las que llegó en septiembre de 2020 una misión de la ONU que visitó Venezuela.
Según los abogados de Ramírez, una posible extradición supondría “un riesgo para la libertad e incluso para la vida” del exministro.