Los diputados franceses votarán este martes en primera lectura un controvertido proyecto de ley impulsado por el presidente Emmanuel Macron que busca reafirmar los principios republicanos y combatir el islamismo radical en un país azotado por atentados yihadistas desde 2015.
El texto, que según sus críticos estigmatiza a los musulmanes, contempla el separatismo como un delito, refuerza el control de las asociaciones y del financiamiento de los lugares de culto, instaura una autorización previa para la enseñanza a domicilio y blinda las medidas para luchar contra las amenazas difundidas en internet.
El examen de los 51 artículos del proyecto de ley terminó el 13 de febrero tras 135 horas de debates en la Asamblea Nacional, donde los diputados adoptaron más de 300 enmiendas, y será sometido a un voto solemne el martes por la tarde, antes de pasar a manos del Senado en abril.
Esta ley, una de las últimas grandes iniciativas de Macron antes de las presidenciales de 2022, es una respuesta a la amenaza yihadista en Francia, que tuvo como punto de partida el atentado contra la redacción del semanario Charlie Hebdo en enero de 2015 y que seis años después continúa.
Tan solo en el otoño pasado hubo tres ataques islamistas con arma blanca en Francia: dos personas resultaron heridas frente a las antiguas oficinas de Charlie Hebdo en París; un profesor de historia fue decapitado por mostrar a sus alumnos caricaturas del profeta Mahoma en una clase sobre libertad de expresión y tres personas fueron asesinadas en la basílica Notre Dame de Niza (sureste).
Emmanuel Macron ha dicho que quiere luchar contra el “islamismo radical”, esta “ideología” que “afirma que sus leyes propias son superiores a las de la República” e intenta a veces “derramar sangre”.
No obstante, niega que se trate de una reyerta contra el islam o cualquier otra religión. “Lo que estamos haciendo en Francia es combatir el terrorismo que se hace en nombre del islam, no el islam”, explicó en una entrevista con Al Jazeera en octubre pasado.
Críticas de la oposición
Entre las medidas clave del proyecto figura un mejor control de las asociaciones y lugares de culto, y también una mayor protección a los líderes comunitarios moderados que corren el riesgo de ser derribados por un “golpe de Estado” extremista.
Para recibir subvenciones, las asociaciones deberán comprometerse a “respetar los valores y principios de la República” y la financiación y la gestión de los lugares de culto estarán mejor reguladas.
El texto también propone criterios más estrictos para autorizar la escolarización en el hogar de los niños mayores de tres años, con el fin de evitar que los padres saquen a sus hijos de las escuelas públicas y los matriculen en estructuras islámicas clandestinas.
Los médicos, por su parte, serían multados con 15.000 euros (18.000 dólares) y un año de cárcel si realizan certificados de virginidad, y se reforzará los controles para impedir los matrimonios forzosos y la poligamia.
Tras el asesinato del profesor Samuel Paty en octubre que sacudió a Francia y al mundo se incluyó en el proyecto los delitos específicos de incitación al odio en línea y divulgación de información personal en internet que serán castigados con tres años de prisión y una multa de 45.000 euros.
Para la izquierda francesa, el texto estigmatiza a los musulmanes. “Es una ley inútil y, por lo demás, peligrosa, porque amenaza las libertades”, estima el líder de la izquierda radical francesa, Jean-Luc Mélenchon.
En el campo de la derecha, el líder del grupo parlamentario de Los Republicanos, Damien Abad, dijo que el texto ignoraba cuestiones esenciales como la radicalización en las cárceles y la migración.
Mientras tanto, la líder de la extrema derecha francesa, Marine Le Pen -que los sondeos designan como la principal rival de Macron en las elecciones de 2022- presentó un contra-proyecto para prohibir las “ideologías islamistas” que están “en todas partes”.