Los ríos de El Salvador están siendo contaminados por diferentes proyectos mineros. Los obispos hicieron público un comunicado en el que piden a las autoridades que detengan esos proyectos mineros, piden a la comunidad internacional que no permita tal desastre humano y ambiental, y a los salvadoreños para que se manifiesten en contra de dicho atentado al país

Ciudad del Vaticano

En el comunicado de la Conferencia Episcopal se detalla la realidad del país. En El Salvador existen 590 ríos de los cuales 360 son los más importantes.  De estos 590 ríos, el 70% están contaminados, es decir sus aguas no son aptas para el consumo humano ni para otra especie animal. Pese a que se ha recomendado, se lee en el texto, no utilizar estas aguas contaminadas en el cultivo de alimentos, los principales sistemas de riego del país lo utilizan para el cultivo y posterior consumo de frutas y verduras.

Los obispos informan además, que los ríos son contaminados por empresas de diversa índole que vierten sus aguas residuales en los ríos, municipalidades que no tienen sistemas para tratar sus aguas grises y lodos, monocultivos como el de la caña de azúcar y la ausencia de saneamiento comunitario.  Contaminan los ríos con sustancias como coliformes o heces humanas y de animales, metales pesados como arsénico, cadmio, cobre, plomo, mercurio, zinc, entre otros.

Proyectos mineros atentan contra la vida humana, la fauna y la flora

Se estima que existen 42 proyectos mineros amenazan directamente las cuencas transfronterizas, los ríos en El Salvador nacen en Honduras y Guatemala, el rio Lempa, nace en la zona de Chiquimula, Guatemala. Uno de los proyectos que amenazan con contaminar los cauces es el proyecto minero del Cerro Blanco, que está ubicado en Asunción Mita, departamento de Jutiapa, en Guatemala, a 14 kilómetros de El Salvador, en un importante acuífero subterráneo entre el Río Ostúa de Guatemala y el municipio de Metapán, de El Salvador. El rio Ostúa contaminará el lago de Güija, debido a las cantidades de arsénico natural que recibe provenientes de la actividad en la mina Cerro Blanco; y el lago Güija contaminará el río Lempa, pues es su más grande proveedor de agua.

Esta situación es una gran amenaza para El Salvador, que debe atenderse urgentemente y con máxima preocupación. Los obispos en el texto hacen un vehemente llamado” a las autoridades del país, para que detengan dicho proyecto, piden a la comunidad internacional, no permitir tal desastre humano y ambiental, y por último a los salvadoreños para que se manifiesten en contra de dicho atentado al país, contra la vida y la salud de las personas, contra la fauna y la flora.

Función de las Juntas de Agua

Según el registro catastral de ANDA, en El Salvador existe un estimado de 2,500 juntas de agua y diversos comités comunitarios de agua los que abastecen a más de 500,000 (medio millón) de familias usuarias. Al respecto, los obispos explican que las juntas de agua por lo general le dan cobertura de agua a la zona rural del país, «llegan a los lugares donde el Estado no llega, cumplen una función social y ambiental importante para que las familias puedan consumir agua y esto también posibilita mejores condiciones sanitarias y de alimentación».

Las juntas de agua, afirman los obispos, son sistemas comunitarios no son empresas privadas. Sin embargo, en la “Ley General de Recursos Hídricos” aprobada por la comisión ad-hoc integrada por diputados de la Asamblea Legislativa se les considera como «empresas privadas, sin diferenciar entre su función socio ambiental y el enfoque mercantilista que pueden tener empresas como las dedicadas a bebidas carbonatadas y no carbonatadas, constructoras, etc». por tanto, piden que se de la oportunidad a las Juntas de Agua para que expongan «sus consideraciones u observaciones» a la “Ley General de Recursos Hídricos”.

Reformas sobre derecho humano al agua

En cuanto a la ratificación de las reformas constitucionales sobre el derecho humano al agua y a la alimentación adecuada, los obispos piden en el comunicado, que la Asamblea Legislativa ratifique dichas reformas constitucionales. Reformas hechas en los artículos, 2 y 69, con la finalidad de que el Estado Salvadoreño reconozca el agua y la alimentación adecuada como derechos humanos. Estas reformas fueron aprobadas en la legislación anterior.

«Fue una lucha intensa del pueblo salvadoreño conseguir la aprobación de esas reformas constitucionales, pero hace falta que esta Asamblea las ratifique. En nombre del pueblo elevamos hoy nuestra voz para pedir dicha ratificación», afirman.

El comunicado concluye invitando a los salvadoreños a la oración «pidiendo al Señor no permita esa inminente catástrofe masiva de gravísimas e irreparables consecuencias contra la vida y la salud de las personas, los animales y las plantas, causada por la posible contaminación del Río Lempa»; e instan a todos a actuar de forma «pertinente para evitar ese terrible desastre que nos amenaza», afirman.