La Conferencia Episcopal Brasileña emite una declaración sobre el paso del gobierno hacia la legalización de los juegos de azar en el país: «Afrenta criminal al pueblo brasileño».

Roberta Barbi – Ciudad del Vaticano

Que es considerada una adicción patológica -ludopatía- por la Organización Mundial de la Salud es cierto, al menos tan seguro como que «conlleva daños morales, sociales y sobre todo familiares irreparables». Con estas palabras, en un comunicado oficial publicado el 2 de febrero, los obispos brasileños intervinieron en el debate sobre la legalización del juego que anima al país desde hace tiempo.

En beneficio de la salud, la posición «no es negociable»

La posición de los obispos brasileños sobre la salud es innegociable. No están de acuerdo con la movilización en las últimas sesiones de 2021 en la Cámara de Diputados a favor del proyecto de ley para regular la explotación de los juegos de azar en el país, que de hecho acelera el camino hacia la aprobación, programando la medida en las primeras sesiones de 2022. «Es un deber, por razones éticas y evangélicas, advertir que la ludopatía trae consigo daños morales, sociales y sobre todo familiares irreparables». Los prelados también denuncian los «falsos argumentos» a favor de la aprobación del proyecto de ley 442/91, que «no consideran la posibilidad de la asociación del juego de azar con el blanqueo de dinero y el crimen organizado».

El retrato del ludópata

Los obispos recuerdan entonces que la ludopatía debe considerarse una patología, que está incluida en el Código Internacional de Enfermedades de la Organización Mundial de la Salud. «El sistema altamente lucrativo de los juegos de azar tiene su cara más perversa en la persona que sufre esta compulsión», afirman. «Por razones patológicas, esta persona acaba despreciando la vida misma, dilapidando sus posesiones y las de sus seres queridos, destruyendo así a su familia». «Mientras tanto, las organizaciones que tienen el juego como negocio prosperan y sus propietarios se enriquecen cada vez más. La concesión de licencias para el juego no hará que sea bueno y honesto. Nuestro país no lo necesita», advierten.

La petición al gobierno de rechazar la ley

De todas estas consideraciones surge la petición al Congreso Nacional, por parte de la Conferencia Episcopal de Brasil, «de rechazar este proyecto y cualquier otra iniciativa que pretenda regular el juego en Brasil». «Un voto a favor de los juegos de azar será, en la práctica, un voto de desprecio a la vida, a la familia y a sus valores fundamentales». En el contexto del año electoral, concluyen los obispos, «la Conferencia Episcopal se compromete a seguir de cerca este proceso y a divulgar ampliamente los nombres de los parlamentarios que decidan dejar su huella en esta criminal afrenta al pueblo brasileño».

Juego y crimen organizado

En su declaración, los obispos ilustran con precisión los argumentos esgrimidos por el mundo político, según los cuales «la aprobación de esta norma aumentará la recaudación de impuestos, favorecerá la creación de empleo y contribuirá a sacar a Brasil de la actual crisis económica». «Estos falsos argumentos no tienen en cuenta la posibilidad de que los juegos de azar estén asociados al blanqueo de dinero y a la delincuencia organizada -advierten los obispos-. Varias instituciones estatales han advertido que los casinos pueden convertirse fácilmente en instrumentos para que las actividades delictivas tomen la apariencia de ganancias e ingresos legítimos».

El debate interno

Desde hace algunos meses, el debate sobre la legislación del juego mantiene ocupado al Parlamento brasileño, dividido entre las facciones a favor y en contra del casino. Por un lado, los legisladores de la coalición Centrão intentan aprobar una ley de juegos de azar que incluya el juego popular. Por otro lado, las fuerzas de base cristiana hacen hincapié en cómo la adicción al juego perjudica a las familias y va en contra de los valores religiosos. Una de las propuestas en discusión limitaría la regulación del juego a la apertura de casinos en los hoteles, una hipótesis que, según sus partidarios, no tendría impacto en la mayoría de las familias brasileñas, sino sólo en los turistas.