Ambientalistas de Honduras pidieron este miércoles a la fiscalía que libere a ocho de sus compañeros, presos hace más de dos años tras enfrentamientos con personal de seguridad de una minera, a la que acusan de atentar contra una zona forestal protegida. “Exigimos la libertad de estos ocho compañeros que son defensores del medioambiente”, dijo a la AFP Reynaldo Domínguez, miembro del Comité Municipal en Defensa de los Bienes Comunes y Públicos de la comunidad de Tocoa.
Domínguez lideró a una veintena de ambientalistas procedentes de Tocoa, departamento de Colón, 220 km al noreste de Tegucigalpa, que acudieron hasta la sede del Ministerio Público en la capital para exigir la libertad de sus colegas.
El ecologista explicó que los detenidos, de la zona de Guapinol, están acusados de privación injusta de libertad, usurpación e incendio agravado, tras participar en una protesta que culminó con enfrentamientos.
El 7 de septiembre del 2018, decenas de activistas protestaron contra la minera Los Pinares, que produce óxido de hierro. Según su versión, fueron agredidos por personal de seguridad de la empresa.
Durante el enfrentamiento resultó herido de bala uno de los ambientalistas. Tras el hecho, los manifestantes retuvieron al jefe de seguridad de la compañía, Santos Corea, y un vehículo fue incendiado.
Domínguez aseguró que Corea fue entregado sin problemas a la policía por los ecologistas y que ellos no tuvieron que ver en el incendio del vehículo. Sin embargo, la Fiscalía acusó a 32 manifestantes, de los cuales ocho fueron a prisión.
“El Ministerio Público los persigue por estar defendiendo únicamente el bien común que es el agua” del río del sector, que es de uso de la población, sostuvo Domínguez.
La zona que defienden es el Parque Nacional Montaña de Botaderos, con una extensión total de 96.755 hectáreas, “área protegida” por un decreto legislativo del 30 de agosto 2012, para “la conservación de la biodiversidad, la integridad de los ecosistemas”, entre otros argumentos.
Pero un sector del parque quedó fuera del área protegida tras una modificación aprobada por el Congreso en el 2013, lo que permitió luego la instalación formal de la minera en esa zona.
Según Domínguez, esta actividad causa daños a la reserva, remueve la tierra con tractores, corta árboles de hasta 50 años y daña 34 cuencas hidrográficas, en un “sicariato ambiental”.
En una reciente publicación en Facebook, Los Pinares asegura que “trabaja en el desarrollo sustentable de Tocoa” y reforesta las zonas más dañadas del bosque del sector.